El 1 de enero entró en vigor la ley, incluido un artículo -el 4º- que permite que los jóvenes de 18 a 21 años que hayan cometido faltas o delitos menos graves y que no tengan antecedentes se acojan a la ley (no sean llevados a prisión) siempre que sus circunstancias personales y grado de madurez lo aconsejen. «Es decir, otorgarles una primera oportunidad», dicen los colectivos. La reforma de la ley suprime esta oportunidad, pero, al no haber sido publicada en el BOE hasta el 5 de diciembre, no entrará en vigor hasta el 5 de febrero. Así, desde el 1 de enero hasta el 5 de febrero esos jóvenes podrán acogerse a la Ley del Menor, un hecho que provocó la alarma en sectores conservadores y que el Ministerio Público pretende resolver de manera «poco seria, instando a los fiscales a ir contra la ley e invadiendo facultades legislativas ajenas a su cometido».