La citación del fiscal se produce después de que Consumo de la Comunidad de Madrid enviara al Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un escrito en el que le informaba de diversas irregularidades cometidas por PSG, como gestora de las cooperativas.

Las irregularidades se concretaban en ofertar viviendas de protección oficial pública no teniendo proyecto ni tal calificación; informar de que van a disponer de viviendas de protección oficial pública en suelo de Getafe, cuyo sistema de ejecución es por expropiación; no avalar mediante documento individualizado las cantidades entregadas a cuenta por 344 cooperativistas de Getafe, Cuna de la Aviación Española y de 208 socios de Getafe, Capital del Sur. Consumo envió al fiscal el asunto, al considerar que podrían existir responsabilidades penales.

El Juzgado y la Fiscalía tramitaron la denuncia, acordando el secreto de las diligencias y encomendando a la Unidad Central Económica de la Guardia Civil un examen de la contabilidad de las cooperativas. El mandato judicial también incluyó un registro y análisis de la documentación y cuentas de los denunciados por parte de la Guardia Civil.

La investigación iba dirigida a saber si el dinero de los cooperativistas se ha desviado a adquisiciones de otros suelos diferentes de los que se precisaba para las cooperativas, así como si había otra desviación de fondos. Una vez aportada la investigación de la Guardia Civil, el instructor judicial ha levantado el secreto de las actuaciones.

La cooperativa Getafe Capital del Sur tiene alrededor de 950 socios y Cuna de la Aviación Española son 960 personas. Los socios han aportado un total de 20 millones de euros a cada una de las cooperativas, en total 40 millones, para la compra de los terrenos en los nuevos desarrollos de Los Molinos y Buenavista.

Según los balances provisionales efectuados por los investigadores a partir de los datos del propio denunciado, de los 40 millones de euros aportados por los socios, sólo se ha invertido en adquisiciones de suelo aproximadamente la mitad. El propio denunciado reconoce el valor invertido en suelo en unos 34 millones de euros, pero además éste se encuentra hipotecado con un valor de 11 millones, de tal manera que la mitad de las aportaciones de los cooperativistas no constan como existentes.

Esta es la circunstancia por la que la Fiscalía le ha citado como imputado por un delito de apropiación indebida. Moreno reconoce haber cobrado ya por gestión aproximadamente 1.500 millones de las antiguas pesetas.

La Fiscalía ha procedido también a efectuar una imputación por estafa, teniendo en cuenta que los denunciados ofrecían la construcción de una vivienda y el suelo que compraban no admitía el desarrollo privado. Sabían que esos terrenos iban a ser expropiados por la Comunidad de Madrid para integrarlo en el sistema público de un consorcio. Los cooperativistas compraban sólo los derechos hipotéticos de viviendas de protección, mientras otra empresa asociada con los denunciados adquiría los derechos de vivienda libre.

Una de las posibilidades es que los denunciados pretendieran conseguir, con ayuda de la presión social de los cooperativistas, que se manifestaron varias veces, el cambio del sistema de expropiación al de iniciativa privada. Este cambio hubiera originado importantes beneficios al socio de los denunciados que no han conseguido.

El Ayuntamiento de Getafe (40%) y la Comunidad de Madrid (60%) han formado un consorcio público y en las próximas semanas adjudicará las parcelas para lo cual deberá expropiar el terreno que han comprado las dos cooperativas. Cada uno de los socios ha aportado una cantidad de entre 25.000 y 31.000 euros.

David Moreno afirmó que tiene documentos que declaran «ilegal» la expropiación de los terrenos que compró para los cooperativistas. Añadió que el informe de la Guardia Civil le exculpa y que el miércoles sólo va a ratificar la declaración que ya hizo a la Guardia Civil, que se llevó de sus oficinas el disco duro para analizar la contabilidad «y no ha encontrado nada que esté mal».

Moreno afirma que las cantidades que han entregado los cooperativistas están avaladas en una compañía y que lo único que pretenden es «meter más presión, pero tenemos toda nuestra documentación bien y esperamos que, en una semana, el juez archive todo este asunto». Considera que hay una persecución política por parte de ambos lados e insistió en que los cooperativistas podrán tener sus casas.