Entre ellas, citará a declarar como testigo al jefe de la Comisaría General de la Policía Judicial, Juan Antonio González, el número tres de la Policía Nacional tras el director general y el subdirector, según fuentes del PP.

Más declaraciones

Además, el magistrado también tomará declaración como testigos al comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, José Luis Oliveras, y al director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), Ignacio Palicio. También pasarán por el juzgado la concejala del Ayuntamiento de Ciempozuelos María Pérez, Saturnino Ureña, que intervino en el Ayuntamiento, según el PP, el secretario del Consistorio, el arquitecto municipal y el técnico jurídico de la misma administración local.

El magistrado también ha ordenado que se remita un oficio a Telefónica para que identifique a los titulares de los dos teléfonos móviles que los ex alcaldes dieron como números de contacto en la entidad andorrana Andbanc, donde presuntamente querían ingresar parte del dinero obtenido a través de comisiones.

Además, pide el listado histórico de las llamadas recibidas y realizadas desde esos números y desde los de sus domicilios, desde el 1 de enero de 2005 hasta hoy. Asimismo, el juez ha admitido también la petición del PP de que se investiguen las llamadas realizadas desde Andorra, donde los dos ex alcaldes acudieron en varias ocasiones para ingresar dinero en Andbanc, la entidad de la que partió la denuncia que llegó finalmente al juez y las autoridades españolas.

La semana pasada, la alcaldesa de Ciempozuelos, Susana León, envió una carta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la que solicitaba una entrevista para que le concrete la posición del Gobierno regional ante el requerimiento enviado hace una semana, así como «para expresarle la preocupación del pueblo» ante la paralización del Plan General.

En la carta, la regidora afirmaba que el Ayuntamiento «acordó solicitar un informe externo sobre la legalidad en la tramitación y adecuación a la normativa urbanística del Plan» y que una vez recibido y siendo favorable, como aseguró hace dos semanas, la Corporación aprobó enviar a la Comunidad de Madrid el requerimiento contra la paralización del PGOU.

Esto se hizo en un Pleno extraordinario celebrado el 28 de diciembre con los votos de PSOE y PIC, la abstención de IU y la oposición del PP con el fin de declarar nulo el acuerdo de Gobierno del 19 de octubre y así proceder a la publicación del Plan general de Ordenación Urbana en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid (Bocam).