En Estados Unidos el aborto fue legalizado en 1973, tras una enorme polémica que encendió los tribunales y ocupó decenas de portadas. La campaña de un año antes para lograr su legalización fue capitalizada por la congresista por Texas Sarah Weddington, quien habló ante el Tribunal Supremo en el juicio definitivo durante el caso Roe Vs. Wade. A su lado, como colaboradora, figuró Ann Richards, activista política fallecida el pasado octubre, quien entre 1990 y 1994 fue gobernadora de Texas. Le sucedió en el cargo George W. Bush, actual presidente de la Nación y supuesto detractor de la causa proabortista.
Un informe de 2002 demostraba que el 86,7% de los abortos practicados en el país tuvieron lugar durante las primeras 12 semanas de gestación. El 9,9% fue practicado entre las 13 y las 20 semanas y el 1,4%, después. Estos datos apuntalan los argumentos terapéuticos y rebaten las incendiarias proclamas de los sectores más conservadores, que han llegado a equiparar la interrupción voluntaria del embarazo con el terrorismo, el crimen organizado o la eugenesia practicada durante el régimen nazi.
La cruzada religiosa contra quienes practican el aborto ha sido constante, con ataques a clínicas, amenazas de muerte y, en algunas ocasiones, asesinatos de médicos o pacientes. En concreto, y desde 1977, en EEUU y Canadá se produjeron siete homicidios, 17 intentos de asesinato, tres secuestros, 41 atentados con bomba, 1.213 incidentes vandálicos y 100 ataques con ácido.
Organizaciones como American Coalition of Life Activists han realizado numerosas campañas en contra. Una de las iniciativas más discutidas, acusada de inmoral, fueron los Juicios de Nuremeberg, una página web donde se publicitaban nombres, direcciones y números de teléfono de numerosos médicos o enfermeros que practicaban abortos, subrayando los de aquellos que habían sido asesinados. La página fue cerrada en 2002 tras un juicio que la declaró ilegal.
La crudeza de las cifras no empaña que la cuestión apenas figure en la agenda más acuciante del país. Más bien se usa como señuelo sentimental. A principios del pasado año, la cadena de televisión CBS presentó una encuesta en la que preguntaba a los estadounidenses sobre el aborto. Un 33% contestó que sólo debería ser permitido en casos de incesto, violación o para salvar la vida de la madre; el 27% se declaró a favor en todos los casos; el 15% dijo que sólo debería ser permitido con restricciones mucho más profundas y severas que las actuales; para el 17% sólo debería realizarse cuando la vida de la madre estuviera en peligro; finalmente, el 5% solicitaba su prohibición absoluta. Los datos no difieren demasiado de los conocidos en fechas previas.
En las pasadas elecciones, Dakota del Sur preguntó a los electores sobre su prohibición. Aunque muchos analistas pronosticaban una victoria de los antiabortistas, éstos perdieron. La ley, que de haber prosperado hubiera sido la más restrictiva del país, fue rechazada con un 56% de votos en contra. Los proabortistas saludaron el resultado con alivio.
Quizá porque las estadísticas no presentan a una ciudadanía enemistada en exceso con esta práctica, antes al contrario, más bien proclive, los republicanos apenas han realizado avances legislativos contra la interrupción voluntaria del embarazo.
Un informe controvertido fue El impacto del aborto legalizado en el crimen (1999), elaborado por los economistas Steven D. Levitt y John Donouhe. Afirmaba que esta práctica había incidido en el descenso de las estadísticas criminales, al beneficiar en su mayoría a mujeres de segmentos desfavorecidos, cuyos hijos podían terminar con más facilidad al otro lado de la ley. Estudios posteriores desautorizaron sus métodos, encontrando que las estadísticas presentadas apenas demostraban nada.
En algunos estados del país la ley obliga a que durante las 24 horas previas a la intervención las mujeres sean informadas sobre el aborto y que los hospitales contacten con los padres en caso de someter a un menor al procedimiento.
