Fuentes del sector criticaron ayer que el acuerdo con LTU se cerrara a espaldas del resto de las aerolíneas. Fomento ni siquiera les reunió para comunicarles la disponibilidad de esos derechos ni avanzarles los planes que tenía para Air Madrid. «Lo acertado es que las empresas de aviación comercial hubieran tenido la oportunidad de reclamar esos derechos, con independencia de que se hubieran cubierto o no», se quejaba ayer un directivo de una compañía española.

En esta misma línea se pronunciaron las asociaciones que representan a los operadores. Tanto la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) como la Asociación Española de Líneas Aéreas (AECA) están estudiando la legalidad de ese acuerdo. Según fuentes de ambas organizaciones consultadas por Efe, analizarán si los derechos concedidos por el gestor aeroportuario Aena a Air Madrid pueden trasladarse a dedo a otra firma.

Las compañías, según fuentes del sector, están molestas por la facilidad con la que la sociedad de vuelos chárter LTU podrá hacerse un hueco en el mercado sin la necesidad de toparse con las dificultades habituales para hacerse con nuevos derechos de vuelo.

Opción para otras firmas

Por su parte, un portavoz de Fomento explicó que la competencia podrá acudir al proceso de redistribución de esas concesiones. Sin embargo, dudó de que otras sociedades los reclamen. En las rutas que operaba Air Madrid, según el ministerio, existen frecuencias suficientes para que la que quiera volar a esos destinos pueda hacerlo.

Desde el Ministerio de Trabajo tampoco se respalda esta singular operación. El secretario general de Empleo, Antonio González, supeditó ayer la viabilidad del acuerdo a la decisión que adopten los tribunales, ya que está en trámite el procedimiento concursal (suspensión de pagos) de Air Madrid. Puntualizó además «que una vez que una de las partes solicita un procedimiento concursal ante el juzgado, todo depende de ese procedimiento y del juez».

Aena, como gestor aeroportuario, también mostró sus discrepancias con la decisión. Es más: un portavoz de la empresa pública aseveró que LTU les solicitó la semana pasada nuevos slots para operar desde Madrid, pero que éstos no coinciden con los de Air Madrid ni con sus rutas. Precisó, además, que como gestor aeroportuario no puede hacer cesiones. La legislación establece que, ante una situación como la de Air Madrid, las concesiones se redistribuyen entre aquellas empresas que estén operando y las compañías que los hayan solicitado.

Lo cierto es que desde que el propietario de Air Madrid colgara el cartel de Se Vende en la compañía ninguno de sus competidores mostró interés por su negocio o sus activos. Incluso los directivos de LTU aseguraron hace dos semanas que daban por cerrada la negociación con la española. La operación no les convencía.

Una filial española

En tan sólo unos días, esta línea aérea especializada en vuelos vacacionales ha cambiado de opinión. Un portavoz de la aerolínea aclaró ayer que no está interesada en comprar la empresa de Carrillo. Sus planes son otros: sellar acuerdos con inversores españoles y las autoridades competentes para crear una nueva sociedad -LTU España- que operará las rutas de Air Madrid a Sudamérica, según adelantó a Efe el gerente administrador de LTU, Jürgen Marbach. Se trataría de crear un núcleo duro de accionistas, entre los que podría posicionarse la constructora gallega San José. La empresa eludió hacer comentarios a este respecto.

De momento, la firma alemana ha garantizado el transporte a los clientes de Air Madrid que tuvieran billete para desplazarse hasta el próximo junio. Eso sí: por la módica cantidad de 250 euros extra. El primer avión gestionado por LTU podría despegar a finales de este mes.

La operación resultaría muy ventajosa para el operador germano, ya que se vería eximido de hacer frente a las deudas contraídas por Air Madrid. También estaría liberado de asumir los 6,5 millones de euros que el Ejecutivo exige a los directivos de la empresa por repatriar a las más de 5.000 personas que dejó tiradas en aeropuertos de todo el mundo por el cierre unilateral de sus actividades el pasado 15 de diciembre.

El resto de sus obligaciones quedan en el aire. En este sentido, las organizaciones de consumidores como Asgeco recordaron ayer que la cesión a LTU «no paraliza» los procesos penales ni las reclamaciones de los usuarios.

Por otra parte, la secretaria de Política Social y Bienestar Social del PP, Ana Pastor, pidió ayer al Gobierno que «se dé la solución que se dé, tiene que ser un compromiso con los usuarios, una solución que pase por resolver la situación de los más de 80.000 afectados».