Con este último argumento, Pascual Pérez, portavoz elegido por la aerolínea para comparecer ante el juez de lo Mercatil que instruye el proceso concursal (antigua suspensión de pagos) de la compañía, lanzó la pelota al Ministerio de Fomento. El 15 de diciembre, la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio, retiró la licencia de vuelo a Air Madrid y provocó la suspensión de sus vuelos. La empresa contabilizó a más de 300.000 pasajeros afectados. Tres días después, cuatro viajeros solicitaron el concurso público necesario.

La situación obligó a la compañía a responder con una solicitud de concurso voluntario tres días después (el 21 de diciembre). Ayer, ambas partes expusieron sus argumentos ante el magistrado Alberto Arribas, titular del Juzgado número 5. Éste deberá resolver en un plazo de 20 días si el concurso será necesario o voluntario. Fuentes jurídicas informaron de que podría conocerse una sentencia esta semana. Lo que está claro es que habrá concurso público.

A primera hora de la mañana, las partes implicadas acudieron a la vista convocada por el juez. El primero en tomar la palabra fue el letrado representante de los cuatro acreedores que solicitaron el concurso necesario. Los conceptos de generalidad e insolvencia salieron a la palestra. Sus argumentos fueron claros: hay una pluralidad de acreedores y cualquiera puede instar al concurso. Además, existe un derecho de compensación de pago a los pasajeros que hay que indemnizar.

La defensa de Air Madrid no se dejó amedrentar por los razonamientos de la otra parte. Su abogado echó por tierra el concepto de generalidad y argumentó que los pasajeros que solicitaron el concurso han recibido su indemnización (el reembolso de los billetes y una compensación de 600 euros). No hay ningún otro acreedor que haya solicitado el concurso. La empresa precisó no haber recibido aún ninguna reclamación de los afectados (las controla Fomento).

En cuanto a la insolvencia de Air Madrid, la empresa explicó que pudo haber reanudado su actividad de no ser por la retirada de la licencia de vuelo que ordenó Fomento. La defensa de la empresa alegó que se trataba de «una suspensión provisional, no definitiva». No obstante, ello abocó a la aerolínea a «la insolvencia inminente». La compañía declaró al juez que cuando se produjo la suspensión de la licencia su liquidez era de tres millones de euros. Incluso aseguró que hubiera aumentado en 13 millones procedentes de la organización internacional de aerolíneas IATA y de entidades si Fomento no hubiese retirado la licencia. Optursa, el socio mayoritario de Air Madrid, propiedad de José Luis Carrillo, inyectó a la compañía siete millones de euros más después de la suspensión (cerca de 30 millones en 2006).

De los 1.020 trabajadores de la compañía, 752 cobraron el sueldo de diciembre. Quedan por recibir la nómina los comandantes, los copilotos y los altos directivos, según informó la empresa al juez.