La respuesta a tales ensoñaciones ya se vio venir el 30 de diciembre, cuando ETA reventó el aparcamiento de Barajas sin haber advertido que rompía su tregua. Pero ayer se confirmó: no hay respiro que valga. A los terroristas no les interesa romper la tal tregua porque lo que buscan es mantener el hacha levantada sobre el cuello del Gobierno mientras le instan al diálogo -una palabra tan blanca que quién la va a rechazar- para arrancarle esas cesiones imposibles que, por enésima vez, han vuelto a enumerar. ETA exige que el Gobierno reconozca el derecho de autodeterminación, exige Navarra y exige que jueces y policías se sometan a sus pretensiones. Ayer lo expuso con más crudeza que nunca: quiere nada menos que una reforma del Estado. Así, con todas las letras. Y, si el Gobierno no se pliega, volverá el terror. Sin muertos o con muertos, ya se verá.

Lo dramático de todo esto es que, después de todo lo vivido, esté siendo ETA quien ponga condiciones a un presidente que no se atreve a plantarse y a ser él quien tome la iniciativa y rompa de una vez por todas cualquier vía de contacto y la más remota esperanza de chalaneo. No se decide el Gobierno. Por eso la iniciativa la ha tomado la banda diciendo algo tan intolerable como que «las decisiones y las respuestas de ETA dependerán de la actuación del Gobierno español» en lo que resulta una inversión de papeles verdaderamente inconcebible en una democracia asentada y con un Estado fuerte como el nuestro es.

Mientras el ministro del Interior repite el mantra de que con violencia no hay diálogo y -lo mismo que les dijo a los periodistas- convoca a los portavoces parlamentarios cada 15 días, ni se está redactando un documento que sirva de base a ese «acuerdo entre todos» que el Gobierno dice buscar, ni se sabe qué acciones claras y concretas va a abordar el Ejecutivo tras esta nota de la banda que resulta humillante en su obscenidad. Y el país necesita saberse dirigido con absoluta firmeza en tiempos de tribulación.

victoria.prego@elmundo.es