El procesado explica que fue un acuerdo con la Policía y la Fiscalía -dentro de la operación Pipol, sobre tráfico de drogas- lo que le llevó a contactar con el confidente Rafá Zouhier (también procesado), quien a su vez le condujo hasta El Chino.

El ex minero afirma que todas las informaciones que obtuvo sobre el tráfico de drogas y explosivos se las trasladó al ex inspector jefe de estupefacientes de Avilés Manuel García, Manolón. Éste, que llegó a mantener un careo con Trashorras, declaró en sus comparecencias ante el juez Juan del Olmo que el ex minero nunca dijo que «los moritos» buscasen explosivos.

El escrito de conclusiones provisionales de la defensa relata que, «con ocasión de la investigación de unos hechos y la incoación de las correspondientes actuaciones judiciales [operación Pipol], en virtud de un acuerdo con el Ministerio Fiscal y la Policía de Asturias para descubrir las actividades ilícitas de un presunto grupo, Emilio Suárez Trashorras entró en relación y comunicación con la persona denominada Rafá Zouhier y posteriormente, y a través de éste, con Jamal Ahmidan, alias Mowgli y El Chino. De esta manera, llegó al conocimiento de la adquisición y tráfico, por parte de dichas personas, de sustancias estupefacientes (hachís) y explosivos Goma 2, que al parecer obtenían de una mina asturiana».

«Actividades todas ellas que fueron puestas puntualmente en conocimiento del contacto policial oficial que se le había señalado, y que era el policía del Grupo Especial de Avilés, don Manuel García», concluye.

El escrito de defensa mantiene que Trashorras «nunca vendió, ni entregó, ni personal ni directa ni indirectamente explosivo alguno», y que «en ningún momento tuvo noticia ni conocimiento alguno de los planes y actividades futuras de Zouhier ni de Ahmidan, no teniendo participación alguna y ni siquiera conocimiento previo de los hechos ocurridos en Madrid».

La Fiscalía mantiene que vendió la dinamita a la célula y pide para él más de 38.000 años de cárcel.

En el escrito de conclusiones, de apenas tres folios, la defensa también comunica a la Sala que el ex minero presenta «un trastorno mental y del comportamiento grave compatible con trastorno esquizoide de la personalidad». Adjunta los informes de dos psiquiatras que comparecerán en el juicio como peritos. Los informes hacen un repaso a sus problemas de comportamiento, que le han llevado a la «incapacidad laboral permanente y absoluta» y a un grado de minusvalía «superior al 60%». En uno de los informes se reconoce que el procesado «no tiene alterada su capacidad cognoscitiva», pero sí su capacidad volitiva, especialmente cuando consume drogas.

Según fuentes de la Audiencia, atendiendo a estos informes, el tribunal podría apreciar una atenuante de la pena, pero no aplicar una eximente. Los forenses del tribunal han examinado a Trashorras en diversas ocasiones y mantienen que el procesado no es un enfermo mental al que se deba librar de responsabilidad.

El lunes concluyó el plazo concedido a las defensas para responder a los escritos de las acusaciones. Fuentes de la Audiencia indicaron que algunos de los 29 procesados no han presentado el escrito en plazo, pero que el tribunal los admitiría durante esta semana.