Entre otras cosas, el Ejecutivo advierte de que, a pesar del nivel de desarrollo económico alcanzado en España, «subsisten problemas en cuanto a la garantía de agua y a la calidad de la misma». Estas deficiencias se producen, señala el texto, tanto en el medio rural como en ámbitos urbanos de diferentes territorios.

En el documento, precisamente, el Gobierno tira de las orejas a las comunidades autónomas al recordar que algunas de ellas no han abonado las cantidades que tenían que aportar para el desarrollo del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de las Aguas 1995-2005.

Los gobiernos autonómicos se comprometieron en su día a financiar el 75% de este plan para mejorar la calidad del agua, mientras el 25% restante corría a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero, indica el documento, mientras «el Ministerio de Medio Ambiente ha cumplido con creces su compromiso inversor [ha aportado más de lo que le correspondía], la inversión realizada en cada territorio por parte de las restantes administraciones no ha permitido cumplir plenamente las exigencias europeas, lo que puede comportar sanciones significativas para España».

Regiones 'morosas'

Por culpa de esas comunidades morosas (que el texto no especifica), el plan no ha podido finalizarse en 2005, como estaba previsto, y el Gobierno ha tenido que elaborar uno nuevo para al periodo 2007-2015 con objeto de completar el anterior.

Además, la situación ha provocado que algunas ciudades españolas hayan comenzado el año incumpliendo las normas europeas, según explicaron fuentes de Medio Ambiente; y que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas tengan que hacer de aquí a 2015 un desembolso de 19.000 millones de euros.

La Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, va a tener que ampliar y añadir nuevos tratamientos a sus depuradoras porque no tienen aún la nueva tecnología que la UE le exige por formar parte de una zona considerada como «sensible».

Este sonrojante asunto, que ya fue abordado en la última Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y que se está tratando de solucionar entre el Ministerio y las comunidades implicadas, es uno de los puntos que se recogen en el documento de 48 páginas que servirá de apoyo en materia de agua a los participantes en la III Conferencia de Presidentes.

El Gobierno ha enviado a los dirigentes regionales, asimismo, otros balances similares e igualmente extensos sobre los dos asuntos que también se tratarán en este foro: la inmigración y la I+D+i. Paralelamente, ha remitido otro breve documento en el que plantea, de forma generalizada, conclusiones y propuestas sobre estas tres materias.

Así, propondrá la necesidad de hacer un uso más racional del agua, la solidaridad entre las cuencas hidrográficas y el incremento de la participación de las comunidades autónomas en las confederaciones hidrográficas.

«En España aún existen graves carencias en cuanto a calidad del agua, en cuanto a garantía del agua disponible para usos básicos y en cuanto al control público de su uso», decía ayer también la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que ofreció un desayuno informativo en el Ministerio para hacer, igualmente, balance de la legislatura.

Narbona, que recordó que Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son los lugares en los que más ha invertido su Departamento, anunció que la UE ha concedido 1.200 millones de euros para proyectos en las comunidades mediterráneas. También previó que, a finales de 2008, tendremos multiplicada por tres la cantidad de agua desalinizada que había en 2004 y que, cuando acabe 2007, la agricultura (que sigue consumiendo más del 70% de nuestros recursos hídricos) habrá ahorrado cerca de 3.000 hectómetros cúbicos, el equivalente en agua a 3.000 campos de fútbol.