JOAQUIN MANSO
MADRID.-
La Fiscalía Anticorrupción continúa recabando información sobre los trámites para la adjudicación al constructor Paco El Pocero de una urbanización de 13.508 viviendas en Seseña (Toledo). Según confirmó ayer el alcalde, Manuel Fuentes (IU), el Ministerio Fiscal reclamó en diciembre al Ayuntamiento el acta de alguno de los Plenos, documentación relativa al Plan Especial de Infraestructuras, el informe sobre arqueología y el certificado sobre la adscripción de concejales a grupos municipales.
Para Fuentes, estas actuaciones son indicativas de que Anticorrupción quiere tener toda la información necesaria antes de tomar alguna iniciativa.
Respecto a la aprobación de las estructuras necesarias para el abastecimiento de agua y luz a la urbanización, Fuentes aclaró que su grupo votó a favor «por coherencia», ya que previamente se habían dado licencias de edificación, y dijo que se autorizará la ocupación de las 2.000 primeras viviendas cuando el suministro de agua sea efectivo, lo que la Dirección General del Agua garantiza para mediados de este año.
No obstante, Fuentes aseguró que no se concederán más licencias de edificación hasta que una línea de alta tensión que atraviesa el PAU se traslade y hasta que se resuelvan los accesos, lo que podría producirse pasado el mes de septiembre. El Pocero amenazó con 3.000 despidos si no tenía esas licencias.
Además, el alcalde explicó que fue el PSOE quien forzó un Pleno extraordinario para aprobar los servicios básicos, ya que, en caso contrario, se hubiese convocado automáticamente por ley.
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