Será la tercera vez que Hugo Chávez, que ganó las elecciones presidenciales de diciembre con el 63% de los votos, jura como presidente de Venezuela, después de haberlo hecho en febrero de 1999 y en agosto de 2000.

Ese mayoritario respaldo popular fue interpretado por Chávez como un mandato para desarrollar su proyecto de «socialismo del siglo XXI», de contenido no precisado, pero una mezcla, de acuerdo a sus declaraciones, de cristianismo, comunismo e indigenismo.

Los principios básicos de esa amalgama ideológica consagrarían la hegemonía del bien colectivo sobre el individual, el impulso a fórmulas de propiedad comunitaria y la concreción de un ideal de sociedad que círculos opositores califican de «utópica».

A efectos prácticos, la vía al socialismo implicará, en el comienzo del nuevo Gobierno, la nacionalización de empresas que fueron privatizadas a principios de la última década del siglo XX y de otras que, siendo privadas en su origen, controlan sectores que Chávez considera «estratégicos» para la soberanía y la seguridad del país.

Es el caso de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, privatizada en 1991, de empresas generadoras y proveedoras de electricidad y de algunas áreas manejadas por multinacionales del petróleo en la Faja del Orinoco, según dijo el presidente tras tomar juramento el lunes al nuevo Gobierno.

En una primera fase de transición al socialismo también se acometerá, según planteó Hugo Chávez, una «profunda revisión» de la Constitución que los venezolanos refrendaron en diciembre de 1991 y una actualización de leyes como el Código de Comercio.

Chávez también anunció que el Banco Central de Venezuela (BCV), instituto emisor del país, dejará de ser autónomo del Ejecutivo para convertirse en una de las piezas fundamentales de su política económica.

La herramienta que Chávez utilizará para estas iniciativas será la de los «poderes especiales», que solicitará a la Asamblea Nacional por medio de un proyecto de Ley Habilitante. Será el Parlamento, en unos 15 días, el que establecerá el alcance de los poderes especiales y la duración de los mismos, aunque todo hace presumir que serán tan extensos y duraderos como los solicite Chávez.

No hay que olvidar que la oposición renunció a estar presente en la Asamblea Nacional, al boicotear las elecciones legislativas de diciembre de 2005.

Una vez que el Legislativo apruebe la Ley Habilitante presentada por el Ejecutivo, Chávez tendrá despejado el camino para gobernar prácticamente por decreto, sin otras cortapisas, en el mejor de los casos, que el criterio de sus más allegados colaboradores.

El presidente ya gozó de poderes especiales en 2001, durante un lapso de un año, que aprovechó para promulgar, entre otras, la polémica Ley de Tierras, que abrió paso a la expropiación de fincas y terrenos particulares en situación ociosa.

Esa primera Ley Habilitante fue uno de los argumentos esgrimidos por los golpistas para calificar de «dictador» a Hugo Chávez y justificar la fracasada asonada en su contra de abril de 2002.

Chávez precisará algunos de estos aspectos durante el discurso que pronuncie ante la Asamblea Nacional una vez que preste juramento al cargo, que ejercerá entre 2007 y 2013 con el respaldo del Partido Socialista Unido (PSU), iniciativa en vías de formación que aglutinará a todas las fuerzas chavistas bajo una misma dirección.

A su vez, ayer se supo que en el municipio Libertad del estado de Anzoátegui avanzan a toda máquina los trabajos de construcción de la primera estatua que se le erigirá en el país al comandante de la revolución bolivariana. Según informa Jaime López, Chávez no contaba con ninguna efigie al estilo de los líderes de la revolución bolchevique. Pero en San Mateo de Anzoátegui, se está dando el primer paso, con arcilla traída desde Nueva Esparta.

Más información en página 38.