La Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) y de la Asociación de Compañías Aéreas (AECA)- que representan a la totalidad de las aerolíneas españolas-, denunciaron ayer que la decisión de Fomento «sería una gravísima intervención en el sector de la aviación comercial española, sin precedentes en la historia de esta industria».

En un comunicado, ambas patronales consideran que la operación pactada con la alemana representaría «un agravio comparativo abusivo». Entienden que el plan implicaría la entrega de parte de la explotación del sector a compañías no españolas, no establecidas en España y privilegiadas por la Administración, en claro detrimento de las empresas locales. Además, eludirían los trámites necesarios para obtener la correspondiente licencia de explotación y certificado de operador aéreo, que deben sortear el resto de los operadores nacionales.

El sector critica también en su comunicado que el plan se haya gestado a espaldas de las aerolíneas españolas, máxime cuando ha prestado al Ministerio de Fomento toda su colaboración para recolocar a los pasajeros y a los trabajadores afectados tras el cierre decretado por Air Madrid el pasado 15 de diciembre.

Asimismo, las aerolíneas recuerdan en su nota que los slots de una compañía española que cesa sus operaciones, no pueden ser entregados de forma privilegiada a un proyecto que de forma irregular se intenta establecer en España. «Esto ha causado un profundo desconcierto y malestar entre todos los operadores españoles en un tema, como son los slots aeroportuarios, de continua controversia», según apuntan las patronales del sector.

De llevarse a cabo el acuerdo, según ACETA y AECA, se generaría «una gravísima situación de falta de reciprocidad». Aseguran que en otros países europeos no se permitiría el establecimiento de operadores españoles y uso de slots y derechos de tráfico en las condiciones en las que el Ministerio de Fomento anuncia que va otorgar a un operador no español. «Esta circunstancia es hoy imposible en los países de nuestro entorno europeo», advierte el comunicado.

En cuanto a los derechos de tráfico otorgados por negociación bilateral entre España y los distintos países de Latinoamérica, las patronales afirman que no pueden ser entregados a operadores no españoles. «Muchos de esos derechos de tráfico han sido debidamente solicitados por operadores españoles, que están próximos a iniciar las rutas solicitadas o pendientes de autorización, sin respuesta afirmativa por parte del Ministerio».

Por último, el sector recuerda al Ministerio que en su día le entregaron proyectos en los que se planteaba la recolocación de un porcentaje superior al 50% de los trabajadores de Air Madrid, así como la asimilación de rutas y pasajeros en un período rápido de tiempo, dando al mercado la capacidad de asimilar paulatinamente las rutas y pasajeros desatendidos. Pero, de momento, no han obtenido respuesta al respeto.

Así las cosas, las compañías españolas exigen al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero una rápida aclaración sobre sus intenciones.

El plan de Fomento para dar carpetazo al caso Air Madrid también ha recibido las críticas de los sindicatos. En concreto, CCOO denunció ayer que «son muchas las expectativas creadas entre los trabajadores y muy pocas las concreciones y realidades».

Operación 'ilegal'

Este sindicato cuestiona además la legalidad de conceder directamente a una compañía alemana los slots de Air Madrid y se pregunta cómo puede el Ministerio garantizar la legalidad de su adjudicación directa a LTU.

En un comunicado, CCOO también pone en duda que el proyecto de la alemana pueda absorber los 568 trabajadores de Air Madrid de los que habla el Departamento de Magdalena Alvarez. Según sus cálculos y los datos que han trascendido sobre los aviones que volaría la alemana, la plantilla necesaria no sobrepasaría los 250 empleados.

En opinión de los servicios jurídicos de CCOO, el acuerdo es «una sucesión de empresas encubierta», sin que se asuman las obligaciones derivadas de este hecho hacia los trabajadores.

Por otra parte, los 250 euros extra que LTU pretende cobrar a los usuarios que tengan comprado un billete de Air Madrid para facilitarles el transporte tampoco ha sido recibido por los pasajeros con alharacas. De hecho, el Gobierno colombiano exigió ayer que cualquier solución que se adopte en referencia a Air Madrid no suponga para los usuarios un desembolso adicional por los billetes que perdieron tras el cese de operaciones.

La embajadora de ese país en Madrid ha solicitado un encuentro con la ministra Magdalena Alvarez para dejar clara la posición del Ejecutivo colombiano, informa Europa Press.