El motivo es que la Comisión Europea está esperando desde hace dos semanas una respuesta oficial de España antes de denunciar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Ley Urbanística Valenciana por «incompatible con el derecho comunitario».

El interlocutor de Bruselas es el Estado, aunque el afectado sea una autonomía, así que el Gobierno valenciano del Partido Popular remitió el pasado diciembre al secretario de Estado de Asuntos Europeos, Alberto Navarro, 76 páginas de alegaciones en las que incluía una descripción de la legislación urbanística de otras 13 comunidades autónomas -incluidas otras del PP- llegando a esta conclusión:

«Puede afirmarse con total rotundidad que la Comunidad Valenciana es la única Comunidad Autónoma de España que en la actualidad dispone de un régimen legal respetuoso con las directivas europeas».

En el texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Gobierno valenciano describe la legislación de Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León, Murcia, Canarias, Cantabria, Madrid, Extremadura, Asturias, Andalucía, Galicia, Navarra y País Vasco. El Ministerio de Exteriores ha decidido eliminar las veinte páginas en las que el Gobierno valenciano alertaba sobre la situación en otras autonomías, «por deslealtad institucional», según el director general de Coordinación de Mercado Interior, Miguel Fuertes.

Exteriores tiene previsto entregar hoy a el texto recortado al comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy. «La inclusión de esta parte podría perjudicar a esas comunidades», según el Ministerio. El presidente valenciano Francisco Camps, acudirá hoy a Madrid a la Conferencia de Presidentes autonómicos.

Es la primera vez desde la adhesión de España que se aplica la disposición que reserva al Estado la competencia exclusiva de «elaboración de respuestas a los procedimientos de infracción abiertos contra España en sus fases precontenciosas, así como la preparación de respuestas en los procedimientos de investigación».

A pesar de esta legislación,el Gobierno central siempre ha remitido las alegaciones de un comunidad autónoma ante un procedimiento comunitario de infracción de acuerdo con ésta. Es la primera vez que el Ministerio se siente obligado, en su respuesta a Bruselas, a ignorar, al menos parcialmente, la opinión de la autonomía afectada .

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, aseguró ayer a EL MUNDO que «Bruselas no debe ver el urbanismo valenciano como una isla, Marbella no está en Valencia. Debe juzgar al urbanismo español en su conjunto, incluida la Ley del Suelo del Gobierno actual y que permite lo que se nos reprocha en la UE». McCreevy, puede decidir esta primavera llevar la legislación valenciana al Tribunal de la UE para su derogación.

El Ministerio de Exteriores asegura que defenderá la posición valenciana, pero no con todos los argumentos que González Pons desea que se utilicen. Éste ve una decisión política detrás del Ministerio -ver información adjunta-.

El PSOE ha estado alentando en el Parlamento Europeo votaciones en contra del urbanismo en el litoral valenciano, por considerar que alienta reclasificaciones y pelotazos sin respetar el medio ambiente.

El irlandés -que mantiene otro procedimiento de infracción contra el Gobierno español por frenar a E.ON en Endesa-, considera que tanto la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994 del socialista Joan Lerma, como la de 2005 de Camps, contravienen el derecho comunitario.

La acusación es que en la Comunidad Valenciana se adjudican Planes de Actuación Integrada (PAI) urbanística sin la transparencia y seguridad jurídica que requiere la legislación europea de contratos públicos. McCreevy entiende que con ello se puede beneficiar arbitrariamente a promotores y perjudicar a pequeños propietarios y otras partes interesadas en los cientos de programas urbanísticos en marcha.

En consecuencia, McCreevy exige la rescisión de los contratos no ejecutados desde marzo de 2005 cuando fue aprobada la nueva legislación y su modificación para ajustarse al derecho europeo.