La petición la formalizará el líder del PP en el Pleno del Congreso del lunes en el que Zapatero explicará la situación creada por el atentado de ETA en Barajas y ayer ya lo adelantó en declaraciones a Antena 3. Sostiene que ya no se dan las mismas condiciones que cuando se aprobó esa moción y, además, que sería la forma en que quedaría clara la rectificación de Zapatero para cerrar la puerta al diálogo con ETA.

La resolución fue aprobada en el Congreso en mayo de 2005, con apoyo de todos los partidos salvo el PP, e incluye un párrafo, similar a otro contenido en el Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de Madrid, que contempla la posibilidad de un final dialogado del terrorismo, condicionado a la ausencia de violencia y a no pagar un precio político.

La resolución hace referencia también a la unidad de los partidos frente a ETA, a las víctimas y al apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otras. La aprobación de esta moción supuso la formalización de la ruptura del Pacto Antiterrorista.

A la petición de Rajoy respondieron ya ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La vicepresidenta, que participó en un desayuno organizado por Europa Press, se limitó a asegurar que la propuesta de Rajoy demuestra que el PP «tiene más voluntad de dividir que de unir».

Mucho más duro fue Rubalcaba, quien en el Congreso utilizó términos como «no razonable» o «insensato al cubo».

El ministro del Interior afirmó que «ETA ni marca la agenda ni revoca resoluciones. No es razonable que después de un atentado como el que ETA ha cometido en Madrid, que después de romper la tregua sin decirlo y que después de que haya dos muertos, la reacción del Parlamento sea derogar sus propias disposiciones. Esto no es sensato. Sería la primera vez en la historia que el Parlamento revocase una decisión mayoritaria por una bomba de ETA».

«Propuestas que sumen»

Rubalcaba pidió a los dirigentes del PP «que no busquen romper lo que ya está unido, sino que hagan propuestas que sumen».

Una parte del Gobierno ya sostiene estos días que el Pleno extraordinario del lunes tiene un punto ilógico porque nunca antes un presidente había comparecido ante el Pleno tras un atentado de ETA y tampoco ninguno lo había hecho tras la ruptura de las negociaciones con la banda. El formato de ese Pleno no permite presentación de mociones para su aprobación y, en todo caso, el Gobierno ya se ha asegurado estos días el apoyo de todos los grupos, salvo el PP.

Rubalcaba culminó ayer la ronda de contactos bilaterales con los partidos, que repetirá cada 15 días, con la conclusión de que todos, salvo el Popular, respaldan al Gobierno.

Entre llamamientos a la unidad, ésta no fue la única polémica del día entre el Gobierno y el PP a cuenta del terrorismo.

Por ejemplo, Rajoy aseguró que pedirá explicaciones el lunes al presidente del Gobierno sobre las referencias del comunicado de ETA a supuestos compromisos contraídos por el Ejecutivo.

El líder de la oposición aseguró que el presidente del Gobierno debe «desmentir de manera categórica que haya compromisos con ETA» y anunció que preguntará a Zapatero en el pleno del próximo lunes.

Rubalcaba respondió luego asegurando que es un «disparate» que en el PP se esté «cronificando» la costumbre de pedir aclaraciones al Ejecutivo sobre los comunicados de ETA, sirviendo de «altavoz» a la banda terrorista, algo que, dijo, no tiene precedentes en democracia.

También definió como «un disparate al cubo» que Rajoy sostenga que ETA «ha salido fortalecida de la tregua» y que eche «la culpa» al Gobierno. Añadió que nadie dijo nada semejante cuando se rompió el alto el fuego de 1999.

También el líder de la oposición aseguró en Antena 3 que preguntará a Zapatero si piensa permitir que Batasuna se presente a las elecciones municipales y forales de marzo y Fernández de la Vega le respondió que se trata de una organización ilegal y, por tanto, no ve «forma de que vaya a presentarse a ningún sitio».

El último punto del enfrentamiento de ayer entre Gobierno y PP fue sobre la vigencia del Pacto Antiterrorista.

«Convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje».