El juez que instruye la causa, Alvaro Latorre, no ha encontrado ni una sola revelación importante en las 562 conversaciones que se derivan de la intervención que decretó sobre el teléfono móvil del consejero de Interior del Gobierno de Baleares y secretario general del PP en esta comunidad, José María Rodríguez. «No tienen interés», sentencia el magistrado en referencia al contenido de las escuchas.

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares, que lidera Juan Carrau, acusó a Rodríguez de conocer detalles sobre la denominada operación Voramar contra la corrupción urbanística en el municipio y de filtrárselos al ya ex alcalde Eugenio Hidalgo, detenido el 27 de noviembre, y al que Carrau imputa la comisión de al menos cinco delitos relacionados con la corrupción urbanística.

Mediante un auto judicial dictado ayer por la mañana, Latorre no sólo resuelve que tales conversaciones pueden ser «desechadas» -le ha devuelto el único CD que existe- sino que ni siquiera considera necesario conservar una transcripción para la investigación judicial. «Las grabaciones no tienen interés para la causa», asevera, y por tanto no se agregarán al sumario.

El teléfono del conseller permaneció intervenido por mandato judicial entre el 5 y el 14 de diciembre de 2006. Es decir, durante la primera fase de la instrucción y mientras el alcalde del PP permanecía en prisión preventiva.

«Información sensible»

Carrau solicitó la aplicación de esta medida excepcional sobre Rodríguez, por considerar que su teléfono era utilizado para «transmitir información sensible o recibirla» y estar así «encubriendo» a Hidalgo.

Una transcripción filtrada a diversos medios y obtenida tras pinchar el móvil de Hidalgo reveló que el conseller y el alcalde hablaron la mañana de la detención, si bien en ella no quedaba probado el conocimiento de la operación por parte de Rodríguez.

Fue entonces cuando el conseller se vio forzado a comparecer ante el Parlamento para dar cuenta de los hechos. Frente a la cámara balear, juró reiteradamente «sobre la Biblia» que desconocía detalles de la intervención judicial. Poco antes, se había sabido que el móvil del conseller fue intervenido durante ocho días a instancias del fiscal Carrau. La medida adoptada ayer por Latorre vuelve a echar por tierra las pretensiones del Ministerio Público en este caso.

La Fiscalía exigió que tanto Hidalgo como el celador de obras municipal, Jaume Gibert, permanecieran en prisión hasta que se examinase toda la documentación intervenida. Sin embargo, el juez optó por ponerlos en libertad en vísperas de las fiestas navideñas, a cambio de unas fianzas de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente. En el caso del ex primer edil, 30 veces menor de lo que exigía el fiscal Carrau. Esta medida provocó una airada reacción del fiscal anticorrupción, que convocó una rueda de prensa para arremeter contra el juez. Le acusó de no ajustarse a Derecho y de poner en peligro la investigación.

La principal operación mercantil que se le imputa a Hidalgo y a Gibert consiste en el cobro de 738.000 euros ante notario por la venta de sus participaciones en una empresa constructora. Esta operación se cerró sin sobreprecio alguno y se comunicó a la Agencia Tributaria hasta en dos ocasiones. Aun así, el Ministerio Público insiste: «Es un soborno».