Hace casi dos años (el 28 de abril de 2005), el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una iniciativa de Izquierda Unida en la que se instaba al Gobierno de la nación a ceder al Consistorio los 129.125 metros cuadrados que cubrían los barrotes en esta parte de la ciudad para levantar equipamientos públicos.

La propuesta obtuvo los votos a favor de IU y PP, pero la abstención del grupo municipal socialista. Durante las negociaciones entre las dos administraciones, el Gobierno de la nación desveló sus intenciones sobre estos terrenos que llevan más de ocho años cerrados: levantar 1.200 viviendas que sufragarían, en parte, los gastos de construcción de la nueva cárcel de la región, en Estremera.

El grupo municipal socialista defendió en este momento que en la cárcel de Carabanchel había terreno suficiente para todo: para levantar los equipamientos que demandan los vecinos y para pisos, aunque el PSOE insistió en que tenían que ser, únicamente, de protección oficial.

Para construir un hospital en este terreno, tal y como pretende la presidenta regional, Esperanza Aguirre, no habría que cambiar la calificación urbanística que tiene el suelo, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) lo considera como dotacional-penitenciario.

Lo que sí tendría que suceder es que el Ministerio del Interior le cediera al Gobierno regional estos metros cuadrados a cambio, quizá, de alguna permuta de suelo.

Años atrás, el Ministerio se ha negado en varias ocasiones a conceder ni un solo centímetro de suelo carcelario al Ayuntamiento, a pesar de sus peticiones para hacer equipamientos públicos, y eso que el Gobierno municipal sería el único que podría recalificar parte de estas celdas y posibilitar que Interior pudiera construir allí viviendas, públicas o protegidas, como es su pretensión.