MARIA MONTES
La Comunidad de Madrid publicará los nombres de las empresas que cometan faltas graves o muy graves en seguridad laboral. Para esto será necesario una sentencia judicial condenatoria, sin necesidad de esperar a un fallo firme. Así lo afirmó Ignacio González, vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo autonómico, ayer en la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno.
Con esta medida, la Comunidad cumple con la promesa realizada por la presidenta, Esperanza Aguirre, en el último Debate sobre el Estado de la Región, en septiembre de 2006, con motivo de una reivindicación histórica de UGT y CCOO.
Las empresas sancionadas aparecerán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam).
Cooperación.
La inversión para el Plan Anual 2007 de Cooperación al Desarrollo será, según Ignacio González, de 35,2 millones de euros, un 16% más que la cantidad invertida en 2006 y cuatro veces más que en 2003.
El 70% de la inversión se distribuirá mediante subvenciones a ONG de Desarrollo y el 30% restante, a través de convenios de cooperación directa.
Las prioridades del Plan para este año son la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, el apoyo a programas de salud, agua y saneamiento y el fortalecimiento institucional.
Atentado.
El Consejo de Gobierno aprobó también ayer, entre otros acuerdos, conceder ayudas a las familias de los dos fallecidos en el atentado de ETA en Barajas el pasado 30 de diciembre. Cada familia recibirá 24.012 euros, al margen de las ayudas ofrecidas por el Estado.
Para facilitar la obtención de esta prestación, se les concederá un plazo de cuatro meses para presentar toda la documentación necesaria y se les eximirá de presentar el certificado de defunción o el de la existencia del atentado terrorista ya que, según González, «como parece evidente, en este caso no es necesario demandar».
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