A diferencia de otras fotos tan terribles y humillantes como éstas, que igualmente irrumpirían en las pantallas y portadas del mundo entero tiempo después, el 30 de abril de 2004 -las de los prisioneros iraquíes de la cárcel de Abu Ghraib, tomadas, como dijo en su momento Donald Rumsfeld, por unas perversas manzanas podridas de la Policía Militar-, las de Guantánamo eran fotos oficiales, realizadas y distribuidas por el mismísimo Pentágono.

Con ese simple hecho mostraba ya, como denunció en su momento Mary Robinson, entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, su violación de normas elementales de las Convenciones de Ginebra. Pero es que para George W. Bush los más de 700 prisioneros que pasaron por Guantánamo, al igual que todos los capturados en Afganistán o los que fueron secuestrados y trasladados por la CIA en su flota de aviones civiles a algún centro de tortura en aras de la guerra contra el terror, no pueden acogerse a los derechos que reconocen las Convenciones de Ginebra desde 1950 para los prisioneros de guerra. Dos meses antes de la llegada de los primeros prisioneros a Guantánamo, Bush decidió unilateralmente, por medio de la Orden Militar Detención, Tratamiento y Juicio de ciertos no ciudadanos en la Guerra contra el Terrorismo, negarles ese derecho, al establecer para ellos la nueva categoría jurídica de «combatientes enemigos».

Entre otras cláusulas, en la número 7 de esa Orden se establece que el detenido no tiene, en ningún caso, derecho a recurrir a ningún tribunal «ni en EEUU ni en ningún otro país ni ante un tribunal internacional». Sólo puede ser juzgado por tribunales especiales constituidos por tres oficiales, que pueden condenarlo a muerte, y se le asigna un abogado militar de oficio, que puede negarle información del propio sumario que considere sensible para la seguridad nacional. A pesar de que el 30 de junio pasado todos los medios anunciaron con grandes titulares el fallo de la Corte Suprema de EEUU que consideraba «inconstitucionales» e «ilegales» esos tribunales, la Orden Militar aún continúa en vigor.

Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional especializado en EEUU y autor del documento Estados Unidos de América, Cinco años en el lado oscuro, publicado hoy, recuerda que ese país ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1992, en época de Bush senior, y la Convención contra la Tortura, en 1994, bajo la Presidencia de Clinton.

«Durante al menos los cuatro primeros años de detenciones en el contexto de la guerra contra el terror, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que, debido a dichas reservas, EEUU no tenía obligación alguna, en virtud de ningún tratado, con respecto a los tratos crueles, inhumanos o degradantes de ciudadanos extranjeros recluidos fuera del territorio nacional (incluido Guantánamo) bajo custodia estadounidense. Aunque el Congreso aprobó la Ley sobre el Trato a los Detenidos en 2005, que prohibía dichos tratos, las reservas siguieron en vigor, permitiendo eludir dicha ley», añade Freer.

A pesar de su débil situación política, el Gobierno Bush no está dispuesto a ceder ante las presiones para que cierre el centro de detenidos de la base de Guantánamo y el 8 de diciembre pasado se anunciaba la construcción del Camp 6, compuesto por otras 168 celdas. Poco antes, el 18 de octubre, Bush lograba también sacar adelante en el Congreso una ley que le confiere nada menos que a él, personalmente, la capacidad para «interpretar el significado y la aplicación de las normas internacionales para el tratamiento de los prisioneros».