Desde el año 2000, las grandes cadenas privadas -Telecinco, Antena 3 y Sogecable- han desembolsado en torno a 115 millones de euros anuales en concepto del coeficiente de inversión obligatoria para la financiación del cine. Esa cifra corresponde al 5% de sus ingresos brutos y ahora Cultura pretende incrementarlo al 6%.

La televisiones siempre han estado en contra del coeficiente del 5%, calificado de «impuesto extraordinario» por los directivos más moderados y de «auténtico impuesto revolucionario» por parte de los halcones del sector. Unos y otros siempre se han preguntado por qué un sector privado, la televisión, tiene que financiar a otro, el cine. Con todo, ahora lo más urgente para Uteca, presidida por Alejandro Echeverría, es impedir «esta nueva salvajada», en palabras de uno de sus directivos.

Para parar el golpe, las televisiones han elaborado un documento de carácter político, que entregaron ayer a Cultura, y otro más técnico para Industria, departamento del que depende legalmente el sector. Y, finalmente, esperan mantener una reunión con la Federación de Productores Audiovisuales (Fapae), presidida por Pedro Pérez.

Documento político

En su documento político, Uteca recuerda a Cultura que ha cumplido con el coeficiente de inversión, aprobado en 1999, aunque ello no ha resuelto la situación de la industria cinematográfica española. Y lo justifica por «el sencillo y tozudo hecho de que la imposición a un sector privado de la obligación de financiar a otro no es, ni será nunca, una solución industrial».

Las cadenas consideran que la iniciativa de Cultura «es una huida hacia adelante, que no sólo no elimina, sino que ni siquiera palía la situación actual». En opinión de Uteca, Cultura «la empeora», justo en el año «en que el empuje de las televisiones ha conseguido importantes éxitos del cine español, con la producción y estreno» de películas como Alatriste, El Laberinto del Fauno, Los Borgia y Salvador.

Denuncian también que Cultura «lejos de tomar nota, reacciona en la dirección equivocada, tratando de eliminar a los operadores de televisión de la producción cinematográfica». Con la nueva ley, «quiere pasar de obligar a financiar a obligar a comprar», añade el documento.

El informe de Uteca acusa claramente al departamento de Carmen Calvo de favorecer a los productores, con los que se muestra muy duro. Incluso, señala que las propuestas concretas de Cultura están «prácticamente copiadas del Documento confidencial, propuestas de Fapae sobre la Reforma del sector audiovisual».

Esto pone de manifiesto, según Uteca, que «la finalidad perseguida no es beneficiar al cine español, ni proteger la cultura española, sino seguir beneficiando y financiando a unos productores cinematográficos mayoritariamente rechazados por los espectadores de cine».

«La solución del cine español», dicen las televisiones privadas, «no pasa por seguir protegiendo y financiando al productor independiente, como machaconamente quiere Fapae». Y proponen «defender estructuras fuertes e integrar en ellas a los productores independientes», a los que consideran «casi siempre carentes de ambición y aspirantes permanentes a la subvención pública o privada».

Fapae rechazó ayer las afirmaciones de Uteca que, en su opinión, «no se corresponden en absoluto con las propuestas del Ministerio de Cultura, ni con la realidad europea». Lamentó que Uteca pida «la integración de los productores en las estructuras de las televisiones», su advertencia de utilizar sus medios en contra de la norma» y su «concepción monopolística de hacer cine». Por último, Fapae tiende la mano a las televisiones para presentar medidas conjuntas.