JAVIER G. GALLEGO
MADRID.-
Durante el pasado año 1.352 trabajadores perdieron la vida en accidentes laborales, 17 menos que en 2005. Este dato, rescatado del último informe de siniestralidad laboral de Comisiones Obreras, es espacialmente llamativo en las pequeñas y medianas empresas, donde se han registrado 811 fallecimientos, el 60% del total. Descontados los accidentes in itínere -aquellos que se producen al ir o volver del trabajo-, la mortalidad se situó en 977 trabajadores, de los que 586 pertenecían a pequeñas y medianas empresas.
Aunque el dato de fallecimientos ha sido ligeramente inferior al año anterior -concretamente un 1,3% menos-, el secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral del sindicato, Joaquín Nieto, manifestó que «esta disminución es claramente insuficiente e impedirá equipararnos a las cifras registradas en los países de la Unión Europea». De hecho, los accidentes con baja en el puesto de trabajo han aumentado un 3,3% en 2006 y se sitúan en 1.031.805 de casos. Además, los in itínere han crecido también en un 4,2%, hasta alcanzar los 96.046 casos.
El secretario de Comisiones Obreras subrayó que sólo en el sector servicios hubo un aumento de fallecimientos, pasando de 399 a 410, lo que significa un aumento del 2,8%. En el resto de sectores, sin embargo, se confirma la tendencia experimentada durante los últimos años, en la que los accidentes mortales han disminuido lentamente mientras que los accidentes con baja han continuado aumentando. Nieto atribuye este crecimiento de siniestralidad al «incumplimiento de las prevenciones laborales por parte de los empresarios» y al «insuficiente empeño del Gobierno por aplicar las medidas de seguridad en el trabajo».
Estas cifras colocan a España con un índice de incidencia de 6,6 muertes por cada 100.000 trabajadores, mientras que la media europea se sitúa en los 4,1 puntos. En opinión de Nieto es necesario que el Ejecutivo impulse la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo, principal herramienta para prevenir los accidentes laborales y que ahora se encuentra en una fase de reuniones bilaterales entre el Gobierno y los agentes sociales.
Nieto pidió al Gobierno que no «sucumba ante las presiones empresariales» y que tenga en cuenta «la intención de CCOO de seguir negociando para reducir esta cifra».
El impacto económico de la siniestralidad laboral representa un 2% del PIB -unos 12.000 millones de euros- y abarca tanto el mantenimiento del sistema de prevención como todas aquellas contingencias transferidas al sistema nacional de salud.
Una de las propuestas que lanzó el sindicato fue que, con cargo a las cuotas de la Seguridad Social, las mutuas y el Estado presten asistencia preventiva a las pequeñas empresas, «que se encuentran realmente desfavorecidas respecto a los acuerdos que las aseguradoras pactan con las grandes compañías». Este gasto, que en opinión de Nieto debería estar costeado por el Estado, supondría «varios cientos de millones de euros».
Aunque algunos datos todavía son provisionales, Nieto adelantó que la incidencia de los accidentes laborales es mucho mayor en los trabajadores inmigrantes y en aquéllos con contratos temporales.
Además, llama la atención que los accidentes de camino al trabajo han crecido un 4,2% cuando en 2006 la siniestralidad en la carretera disminuyó un 15%. La solución que propone Nieto pasa por «implementar políticas no sólo de seguridad vial sino también de movilidad laboral».
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