Briones afirmó que tenía el número de teléfono de Llorca y que se reunió con él en un centro comercial de Marbella (Málaga) para la compra de unos terrenos en esta localidad. Con esta declaración, Briones corroboró el testimonio que horas antes aportó al juez el asesor jurídico de Fórum, Juan Ramón González. Éste fue el primero en declarar de los tres imputados llamados ayer por el juez. Los otros dos fueron el ex director general de la empresa Antonio Merino y Briones.

Pasadas las 11.00 horas, el asesor jurídico del grupo entró en una sala acondicionada para la ocasión, de acceso restringido al público. Soportó las preguntas de la treintena de abogados (entre los más de 150 personados) que se dio cita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

«¿Usted podría describir a Llorca Rodríguez?», preguntó uno de los abogados de una acusación particular. «Se lo describo yo, que lo imputé», contestó Garzón. El juez lo definió como «un señor de 60 años», bajito y con varias identidades. González lo calificó como el representante de Jesús Fernández de Prada, el antiguo presidente de Fórum, que cesó en favor de Briones en 2001, y al que se le relacionó también hace más de cinco años con el tráfico de armas.

González declaró que el nombre por el que conocía a Llorca era Carlos Rodríguez, y que llegó a verlo hasta 12 veces, según fuentes jurídicas. La instrucción del caso apunta a Llorca como el auténtico dueño de Fórum. Según un informe pericial al que ha tenido acceso este periódico, realizado por la Dirección General de la Policía Udyco-Costa del Sol en noviembre de 2005 y parte integrante del sumario de la operación Ballena Blanca, Llorca es ciudadano español, con pasaporte británico, condenado por la Audiencia Nacional por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

Este informe delata la participación «continuada en el tiempo» del grupo Fórum en «operaciones anómalas» y en las que «los intervinientes son personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado». Entre estas personas, dicho informe advierte una «clara relación» entre Briones y «las estructuras [empresariales] creadas por Llorca» en Coín (Málaga).

La declaración de González delató también que el bufete de abogados Cuatrecasas elaboró un borrador (presunto proyecto de ley, según informaron fuentes jurídicas) para regular el comercio de los productos de inversión en bienes tangibles.

Rafael Mínguez fue el que elaboró el citado informe por orden de Fórum y Afinsa (la otra empresa filatélica imputada también por presunta estafa), según declaró González y apuntaron las mismas fuentes. Antes de convertirse en socio de Cuatrecasas, Mínguez fue funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda, entre 1987 y 2000. Su último trabajo fue la legislación financiera en materia de mercados de valores y entidades de crédito.

González reconoció que entre Fórum y Afinsa existían relaciones. Y es que, según declaró, los intentos de ambas empresas por evitar que su negocio fuese considerado mercantil, y no financiero, provocaron más de una reunión entre el secretario general del consejo de Afinsa, José Joaquín Abajo Quintana, y el propio González. Con este entramado como telón de fondo, el asesor jurídico de Fórum dejó claro que él acataba las órdenes del presidente, opinaba, pero no tenía voto. Declaración con la que coincidió Antonio Merino. Hoy comparecerán ante el juez Silvia Díez, Luis Carmelo Pascual y Amado Gil, relacionados con la operación Ballena Blanca.

Frente a este escenario, el informe de la administración concursal de Fórum sigue dando que hablar. Los administradores están dispuestos a emprender acciones contra la Caixa y BBVA por no haber respetado la orden de bloqueo de las cuentas después del 9 de mayo y practicar cargos pese a la prohibición.