La iniciativa responde a un acuerdo de cooperación bilateral que el ex presidente del Gobierno José María Aznar y su homólogo francés Jean-Pierre Raffarin rubricaron en Málaga en 2002, aunque es la primera vez que Francia lo aplica a delitos de terrorismo.

De esta manera, Garikoitz Etxeberria y Asier Larrinaga, arrestados en el País Vasco francés el 9 de enero y confinados actualmente en una prisión de Pau, estarían en condiciones de ser trasladados a la Audiencia Nacional una vez que el Tribunal de Apelación de la ciudad francesa responda el próximo martes a la demanda de la Justicia española. Se trata de un mero trámite. Al menos, fuentes judiciales francesas confirmaron ayer a EL MUNDO que Etxeberria y Larrinaga iban a ser entregados a Madrid como una prueba de colaboración.

Desde la Audiencia Nacional, la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza informó de que las negociaciones con la Fiscalía gala aún se encontraban en marcha para alcanzar lo que calificaron de hecho «histórico» en la cooperación antiterrorista.

Según explicó el Ministerio Público español, la llamada «cesión de jurisdicción» francesa supone que, tras la presentación de una denuncia formal por parte de París, sea España la que persiga a los dos detenidos por los delitos cometidos en el país vecino, así como los que investiga la Audiencia Nacional. Una vez juzgados, Etxeberria y Larrinaga también cumplirían todas las condenas en España.

La cesión de jurisdicción en favor de España se produciría al haberse cometido en nuestro país los delitos más graves. Francia podría juzgar a Etxeberria por asociación de malhechores -iba armado con una pistola en el momento de la detención-, pero Larrinaga, desprovisto de armas y documentación, evitaría imputaciones relevantes.

En España, las Fuerzas de Seguridad vinculan a Etxeberria y Larrinaga con el zulo descubierto el pasado 23 de diciembre en Amorebieta, así como con los explosivos hallados la semana pasada en el Valle de Achondo, ambos en Vizcaya. Además, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha solicitado informes sobre la posible relación de Larrinaga con el atentado de ETA en Barajas.

El acuerdo que firmaron Aznar y Raffarin ha funcionado en varias ocasiones en la dirección de Madrid hacia París. Empezando por el caso del etarra Peio Alcantarilla, conducido desde España a territorio francés en 2004 porque los delitos que había cometido allí eran de superior envergadura a los que se le imputaban al sur de los Pirineos.