La decisión de recurrir ha sido apoyada por la unanimidad de la sección de fiscales de la Sala Penal que dirigen Juan Ignacio Campos y Luis Navajas.

Éstos creen que la Audiencia Nacional disponía de prueba suficiente para imponer a Vicario los 17 años de prisión que instó el Ministerio Público.

Contaba, de un lado, con las declaraciones de dos autores del secuestro ya condenados y que relataron ante la Policía la participación de Vicario.

Aunque los coimputados se desdijeron en el juicio oral de Vicario, al que comparecieron como testigos, la Audiencia pudo -en opinión de la Fiscalía- tener en cuenta sus declaraciones policiales como prueba de cargo, ya que estaban corroboradas por otro elemento: un informe pericial que concluyó que huellas genéticas aparecidas en el zulo donde estuvo Aldaya correspondían a ese etarra.

Fuentes de la Fiscalía del Supremo indicaron que el fallo del fiscal Gordillo al no introducir en el juicio oral el informe de ADN no impedía a la Audiencia tenerlo en cuenta, ya que la ley permite valorar «las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, que el Tribunal considere necesarias para la comprobación» de los hechos.