Política del Agua.

Las fuertes discrepancias en política del agua, que fueron admitidas por el propio presidente Rodríguez Zapatero, provocaron que el único acuerdo adquirido durante el encuentro de ayer fuese la creación de una Conferencia Sectorial del Agua. Mediante este organismo, las comunidades autónomas podrán implicarse en la política hidráulica que gestiona el Gobierno y en él participarán la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y los consejeros autonómicos competentes. La Conferencia de Presidentes también acordó promover la intervención de las comunidades en las decisiones de las conferencias hidrográficas. Algunos presidentes, como el valenciano Francisco Camps, lamentaron no haber logrado ningún acuerdo en materia hídrica.

Inmigración.

Era otro de los temas estrella de la Conferencia de Presidentes y, como no podía ser menos, acordaron la creación de otra conferencia sectorial en la materia. El tema más novedoso y el que generó mayores tensiones entre las comunidades fue el de vincular el aumento de la población derivado de la inmigación con la la financiación autonómica. Por este motivo, se ha encargado al Consejo de Política Fiscal y Financiera que emita un informe en el plazo de seis meses sobre el impacto de la inmigración en el modelo de financiación autonómica. La III Conferencia de Presidentes no dedicó ni una sola palabra a concretar en cuánto se va a aumentar el fondo de integración para los inmigrantes que se distribuye entre las comunidades autónomas. Tampoco se llegó a ningún compromiso sobre el reparto de menores inmigrantes procedentes de Canarias, para disgusto del presidente del archipiélago Adán Martín. Éste reclamó que sea de nuevo el Estado y no las comunidades autónomas, quien asuma la tutela de los menores y pidió que los chicos sean trasladados a la Península. De momento, sólo se han desplazado 242 menores de los 500 a los que se comprometió el Gobierno. La Conferencia aprobó un tibio gesto de solidaridad con Canarias: impulsar la creación de centros de estancia temporal de inmigrantes (Ceti) para favorecer el traslado de inmigrantes a la Península.

I+D+i.

Fue el tema en el que más se avanzó, tal vez porque es el que menos conflictos crea. Las conclusiones recogen la aportación de 400 millones de euros para poner en marcha el Fondo Euroingenio, destinado a fomentar la investigación por parte del Gobierno y las comunidades. El documento final también dedica un apartado a impulsar la investigación en el Sistema Nacional de Salud, para lo que el Ejecutivo se compromete a aportar 38,5 millones de euros en los próximos cuatros años, una de las pocas concreciones presupuestarias. El texto apuesta por aumentar la contratación de investigadores en la sanidad, lo que será cofinanciado por el Gobierno. Además, se incrementará el personal asistencial dedicado a la investigación, pasando de 55 a 150 profesionales en tres años.