La oferta que hizo Ruiz-Gallardón supone cambiar su idea inicial de que la M-30 no necesitaba estudios de impacto ambiental por ser una calle para admitir realizar este trámite en los proyectos que todavía no se han iniciado y encargar un examen, menos oficial, estudios ambientales, para el resto de la obra terminada o en ejecución.

Es decir, el by-pass Norte y su conexión con la A-1, que se llevarán a cabo durante la próxima legislatura, tendrán que cumplir con el trámite de Declaración de Impacto Ambiental en todas sus fases (estudios, información pública, evaluación de la autoridad competente...). Sin embargo, la parte de la reforma que está en construcción o que ya se ha ejecutado salvará el trámite europeo con un estudio ambiental, en el que se verán las consecuencias del volumen de la obra y las posibles correcciones que podrían ponerse a los proyectos.

Los encargados de realizar estos estudios serán empresas certificadas que contratará el propio Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, será la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea la que apruebe los informes y la que invite o no al Ayuntamiento a introducir los cambios que estime oportunos para mejorar la calidad ambiental de los madrileños.

Para el alcalde, su acuerdo es la medida más sensata para terminar con un conflicto que, insisten, «no lo provocan las obras puesto que se han realizado conforme al Derecho español, como lo determina el informe del Consejo de Estado y las múltiples sentencias a favor». Por eso, resaltan la buena voluntad del Consistorio y que la Comisión valore la propuesta y el calendario presentado por el Ayuntamiento como «realistas, justificados y aceptables».

El Gobierno siempre explicó que el conflicto se basaba en una mala transposición de la directiva europea al Derecho español. Algo que no puede arreglar este acuerdo. Sin embargo, para PSOE e IU, la carta de la Comisión supone una rectificación obligada del alcalde que «nunca quiso escuchar a quienes le pedían que hiciera la Declaración de Impacto Ambiental».

El acuerdo entre el Consistorio y la Comisión establece no sólo qué hay que hacer sino también el calendario de ejecución de todos los informes: los estudios ambientales de los tramos que están en obra deben estar terminados antes de octubre de 2007, mientras que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos del Norte podrá acabarse en diciembre para pasar por la Comisión entre enero y septiembre de 2008.

La portavoz de IU, Inés Sabanés, pidió ayer al alcalde que «ya que tiene que rectificar, rectifique cuanto antes» para evitar más gastos: «Las consecuencias de la aceptación obligada de este acuerdo tendrán un coste económico para la ciudad y, además, entiendo que en algunos puntos que los eurodiputados señalaron como especialmente delicados, las chimeneas o el sistema de extracción de aire en algunos tramos, deberían de implicar una rectificación inmediata sobre los proyectos en marcha. Tiene que primar la seguridad y la salud sobre la política de inauguraciones de Ruiz-Gallardón», denunció la coalición.

Para IU, esta llamada de atención de Europa deja en evidencia el modo de hacer las cosas del Gobierno del PP, «por más que el alcalde quiera venderlo como un éxito».

De la misma opinión es el PSOE, que ayer calificó el trato como de una rectificación más del regidor. Pero, además, quieren que, al menos, se cumpla lo que Ruiz-Gallardón ha prometido. Por eso, ayer mismo, el eurodiputado socialista, Carlos Carnero, presentó ante la Comisión varias preguntas en las que se instaba a que se controlen los plazos y los estudios a los que se ha comprometido el Ayuntamiento. «Ruiz-Gallardón ha recibido el suspenso que se merecía, y terminará haciendo pagar al conjunto de la ciudad su intento de ignorar la Ley.

El candidato municipal del PSOE, Miguel Sebastián, aseguró que se trata de «una nueva derrota para Alberto Ruiz-Gallardón, porque se le vuelve a pedir Declaración de Impacto Ambiental». Para Sebastián, la única preocupación del alcalde es si viene o no a Madrid Al Gore (el último embajador del Protocolo de Kioto) «y a ver cómo le explica, cuando venga, que las obras de la M-30 no tuvieron Declaración de Impacto Ambiental».

TRES PUNTOS DE VISTA

PP. «La UE califica los términos y el calendario que le hemos presentado para evitar una sanción más a España de realistas, justificados y aceptables».

PSOE. «Gallardón ha recibido el suspenso que se merecía y terminará haciendo pagar al conjunto de la ciudad su intento de ignorar la ley comunitaria».

IU. «A Gallardón, Europa le ha dejado en evidencia por vulnerar y saltarse la normativa en su obra por mucho que ahora trate de presentarlo como un éxito».