Esas son dos de las conclusiones que destacó el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, durante la declaración de David Moreno, administrador único de PSG, ante el juzgado número 1 de Getafe y que demostrarían las acusaciones que se han hecho contra el gestor de las dos cooperativas que tienen más de 1.800 socios. Cada uno de estos socios ha pagado ya entre 25.000 y 30.000 euros.

El instructor reclamó a las partes durante la declaración del miércoles precisiones en cuanto a si los hechos denunciados por la Comunidad eran objeto de delito. La defensa de los acusados (El gestor de PSG y los presidentes de las dos cooperativas) señaló que no había nada delictivo.

Añadió que lo irregular e ilegal eran los obstáculos puestos por la Comunidad de Madrid y que todo se debía a una persecución política de la directora general del Suelo, a la que ahora se había unido el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Emilio Valerio. El abogado reclamó al juez que pusiera fin a las informaciones periodísticas y declarara nuevamente el secreto de la causa, tal y como se hizo hace algunos meses, aunque luego fue levantado.

Durante su intervención, el fiscal manifestó que, a su juicio, la denuncia de la Comunidad era fundada. Insistió en que la mitad del dinero aportado por los cooperativistas no estaba en suelo, sino que había desaparecido y que los denunciados no podían construir las viviendas prometidas porque el suelo se iba a expropiar próximamente. De hecho, el Consorcio público ya tiene en marcha esa expropiación. Respecto a la queja sobre la información, manifestó que el tema interesaba a los cooperativistas, que han puesto mucho dinero y que la información que los gestores de PSG dan a estos ciudadanos no parecía reflejar la realidad.

El fiscal reclamó a David Moreno Pingarrón información sobre cuándo iba a poder construir las viviendas prometidas, ya que el terreno de que disponen está en trámites de expropiación en su totalidad por la Comunidad de Madrid. Preguntó por qué estaba jugando con el dinero de los cooperativistas cuando desde el primer día se sabe que aquellos terrenos no podían ser desarrollados, ya que el Plan General lo impide.

Moreno Pingarrón contestó que toda la actuación de la Comunidad de Madrid en esta materia ha sido absolutamente ilegal y añadió que así se lo han ratificado a los que calificó de sus asesores urbanísticos, que son Luciano Parejo -que señaló su cualidad de actual asesor urbanístico del Presidente de Gobierno- y Marcos Vaquer, actual director general del Suelo del Ministerio de Vivienda y número tres del Ministerio.

El gestor de PSG agregó que no dudaba de que los recursos contra lo que calificó de «acción ilegal de la Comunidad de Madrid» en la aprobación del Plan de Getafe se ganarían y que entonces construirían las viviendas. Citó que en otros casos como El Bercial y Los Espartales, dos de los desarrollos urbanísticos de Getafe, se había cambiado el sistema por la propia Comunidad y que el Gobierno regional lo debería cambiar en este caso también.

La declaración tuvo muchos momentos de tensión porque Moreno Pingarrón dijo en dos o tres ocasiones al fiscal que mentía en sus apreciaciones.

Primera piedra

El fiscal le preguntó si los cooperativistas conocían esta circunstancia de la imposibilidad de construir a corto plazo. Citó a este respecto las actas de la asamblea general, en concreto la última de mayo de 2006, en la que Moreno dijo que se pondría la primera piedra de las viviendas a finales de 2006. David Moreno contestó que los cooperativistas conocen perfectamente estas circunstancias. Agregó que el que quiere dejar la cooperativa se le devuelve el dinero y que incluso hasta hoy las bajas se cubren con nuevos socios que llegan a apuntarse.

La otra circustancia presente en las declaraciones fue la capacidad de las cooperativas para reintegrar el dinero a los socios. El fiscal indicó que, del balance aportado por la Guardia Civil se deducía que todos los terrenos comprados habían sido hipotecados y que, de todo lo aportado por los socios, sólo la mitad de aquella cifra -descontada la hipoteca- se había invertido en suelo. Respecto a la otra mitad, o se había deducido en gastos de administración o se había desviado.

El magistrado instructor pedirá un informe pericial específico sobre las cuentas de las cooperativas y la capacidad de devolver su aportación a la totalidad de los socios, como informó ayer este periódico.

El fiscal preguntó respecto al aval, ya que el gestor de PSG siempre afirma que las cantidades están avaladas. Moreno Pingarrón reconoció que el aval tenía una claúsula especial que no cubre cantidad alguna en el caso de que el procedimiento urbanístico fuera el de expropiación, que es el determinado por el Plan General en todo momento. PSG compró el terreno sabiendo que éste sería el sistema.

El administrador de la gestora de cooperativas PSG de Getafe, David Moreno, imputado por un presunto delito de estafa y apropiación indebida, aseguró ayer que en tres años se han dado de baja 90 cooperativistas y sólo dos en los últimos días tras saltar el caso a los tribunales, informa Europa Press.

Moreno afirmó que la ley permite devolver el dinero a estos cooperativistas en un plazo de hasta cinco años pero su compañía se lo devolverá «automáticamente porque a estos dos socios se les tramitará la baja y en 10 días se les devolverá íntegramente el dinero». Añadió que la gente está llamando a las oficinas de PSG para preguntarles. «Pero están tranquilos porque confían en nosotros», afirmó.

El administrador de PSG señaló que se ha decretado el secreto de sumario y que el juez va a pedir una prueba pericial «en la que se van a tasar los terrenos, que valen mucho más de las aportaciones de los socios, y en breve quedará totalmente archivado este asunto».

Moreno negó que hubiera desaparecido la mitad del dinero que aportaron los miembros de las dos cooperativas: «Si fuera cierto que han desaparecido 20 millones de euros de los cooperativistas no estaría aquí, sino con Julián Muñoz». PSG gestiona las cooperativas Getafe Capital del Sur y Getafe Cuna de la Aviación Española, que cuentan con 1.800 socios, y compró terrenos para construir viviendas en Los Molinos y Cerro Buenavista, donde está previsto el desarrollo de 12.200 viviendas, el 80 % de protección oficial, mediante el sistema de expropiación del suelo, por parte de un consorcio formado por el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid.