Uno de los fundamentos de la Transición consistió en que los grandes asuntos de Estado se resolvían por consenso entre los dos partidos que representan el centro derecha y el centro izquierda de la nación. El presidente por accidente ha fragilizado ese pacto cardinal, cambiando de socio constituyente. Zapatero ha arrinconado al PP y lo ha sustituido por nacionalistas y comunistas. La negociación con Eta o el Estatuto de Cataluña han tenido el respaldo de poco más del 50% del Congreso, en lugar de cerca del 90 que suponía la alianza PP-PSOE en asuntos de Estado. Pero el diario adicto y los tertulianos sumisos machacan cada día el eslogan falacia construido en los taimados despachos monclovitas: el PP se ha quedado solo.
La estabilidad de España en los últimos 30 años se ha mantenido por el pacto de Estado, por el acuerdo constituyente de la Tran-sición. Felipe González con 202 diputados en 1982, cerca pues de los tres quintos precisos para las reformas constitucionales de fondo, se comportó como un hombre de Estado y mantuvo el pacto con el centro derecha. La alianza PSOE-nacionalistas-comunistas de Zapatero nos ha regresado a las dos Españas. Con un agravante. Como explicitó Ortega y Gasset en su debate con Azaña, hace más de 70 años, la voracidad de los nacionalistas no termina hasta la secesión. La clase política nacionalista lo que quiere es más poder y, si para que Zapatero siga en Moncloa resultan imprescindibles los votos del nacionalismo, las exigencias de esos partidos crecerán desproporcionadamente. Ni el pueblo vasco ni el catalán quieren la independencia. La clase política, sí, porque de esa forma mandarán más.
En el verano de 2005, ni el 5% de los catalanes estaba interesado en el Estatuto. En el referéndum, después de un año de parafernalia publicitaria, no se movió ni el 50% de la población, lo que deslegitimó democráticamente la operación. El Estatuto, con su larga caravana de transferencias, y un intervencionismo de signo totalitario, sólo interesaba a la clase política para mandar más. Esa misma clase política propondrá en plazo no muy lejano la reforma del nuevo Estatuto para articular la nación en Estado. De oca en oca y de ahí a la independencia. Una de las reformas, pues, que exige a gritos la estabilidad de España es la de la ley electoral para evitar el chantaje de las minorías nacionalistas.
Zapatero, sin embargo, tiene claro lo que a él personalmente le conviene. Varios partidos nacionalistas de relieve -Convergencia, PNV, Coalición Canaria- están instalados en el centro derecha. Si se sustraen sus votos a la colaboración con el PP, los populares necesitarán prácticamente mayoría absoluta para poder gobernar. La alianza PSOE-nacionalistas es altamente negativa para la estabilidad de España pero claramente beneficiosa para los intereses electorales a corto plazo del presidente sonrisas. Y eso es lo único que interesa a Zapatero.
A Zapatero, que es un ludópata político; a Zapatero que le encanta apostar, muchas veces de farol. Decía en mi último artículo «Zapatero y sus compromisos con Eta», que la banda, tras una negociación subterránea en la que el presidente contrajo compromisos políticos concretos, hizo público el alto el fuego permanente. Zapatero fue cumpliendo con varios de esos compromisos, pero ante la reacción popular, la actitud del PP, la independencia de la Justicia, la posición de Francia, creyó que podría dar largas a los compromisos que le restaban por satisfacer.
Eta le ha recordado que no es ERC con la salvajada de Barajas y ha abofeteado después al presidente con un comunicado en el que mantiene con cinismo el alto el fuego pero anuncia que volverá a asesinar si Zapatero no cumple con todos los compromisos contraídos. Saben los terroristas que el PSOE ha cambiado de socio constituyente y eso hace al Gobierno especialmente débil en cuestiones de Estado. Y golpean, claro, golpean.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.
