Y eso a pesar de que el proyecto de creación de una oficina antifraude al estilo de la de la Comisión Europea formaba parte del programa electoral de Esquerra tanto de las autonómicas de 2003 como de las recientes de noviembre de 2006, y de que en ambos casos los negociadores de ERC lograron incluir el acuerdo final con el PSC y con ICV que debía servir como programa de gobierno tripartito.

Sin embargo, ni durante la legislatura pasada ni durante ésta, el socio mayoritario del tripartito, el PSC, ha tenido interés alguno en desarrollar la mencionada Oficina Antifraude.

Sólo a partir de febrero de 2005, los republicanos recuperaron el proyecto, más como una campaña de imagen que como un intento real de constituir el nuevo organismo fiscalizador. Se trataba de una estrategia de contrainformación contra Convergència i Unió, después de que el entonces presidente de la Generalitat acusara al líder de CiU de cobrar el 3% de las contrataciones públicas para su formación política. Afirmación que tuvo primero que retirar y que le obligó, más tarde, a pedir disculpas.

Pero el entonces conseller primer del tripartito, Josep Bargalló, se tomó en serio el encargo de crear la oficina. Como entre la carrera judicial no existen demasiados miembros próximos a Esquerra Republicana, Bargalló recurrió al ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villaerjo para que le ofreciera algunos nombres. Villarejo no lo dudó y recomendó a Martínez Madero, no sólo por su calidad como fiscal sino porque había participado en proyectos de la Comisión Europea para crear fiscalías anticorrupción en países como Rumania. Bargalló se entusiasmó con el personaje.

Pero Ernest Maragall, entonces secretario del Govern, además de hermano del president Pasqual Maragall, decidió actuar como un hombre de partido. Los republicanos habían ideado una Oficina Antifraude que era una mini Fiscalía Anticorrupción, independiente del Ejecutivo, con potestad para fiscalizar a todas las administraciones públicas presentes en Cataluña y dotada incluso con un contingente de mossos d'Esquadra.

Curiosamente, el hermano del president actuó como custodio del PSC y decidió que no podía permitir que alguien tan independiente como Martínez Madero dispusiera de esos medios.

Ernest Maragall dejó que la ley entrara en el Parlament antes del verano, para contribuir a lavar la imagen de su hermano, pero decidió bloquearla en el nuevo curso. Maragall y Bargalló se enzarzaron en una batalla de la que el primero salió victorioso: la Oficina dependería del conseller primer, nada de mossos, un presupuesto máximo de cuatro millones de euros. Suficiente como para desanimar a un Martínez Madero que, a finales de 2005, había sufrido amenazas de las mafias rusas y se disponía a regresar a Rumanía a proseguir con el trabajo de la Comisión Europea.Tal y como está redactado el punto de la oficina en el programa de esta legislatura, el proyecto es el de Ernest Maragall. Así que, cuando Martínez Madero vuelva de Bucarest probablemente pedirá el reingreso en la Fiscalía Anticorrupción.