Aun así, el todavía presidente de la República, Alfredo Palacio (el próximo lunes le sustituirá en el cargo el mandatario electo, Rafael Correa), ha asegurado que el Gobierno piensa cobrar los 1,4 millones de euros a la compañía Air Madrid a través de las correspondientes acciones legales. Y si ésta no se hace cargo, señala directamente al Ministerio de Fomento o al Gobierno español para que se haga cargo de la deuda.

El anuncio del aumento del dinero disponible también ha hecho que los responsables del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la contratación de los aviones, busquen otra aerolínea para que opere el resto de vuelos. Entre las opciones más «económicas y adecuadas», el ministro Francisco Carrión ha citado a la aerolínea Northeast. «Deberá presentar su oferta, así como los requisitos de seguridad y capacidad exigidos a cualquier aeronave, para que la analicemos detenidamente», explicó el canciller tras un encuentro con la Defensoría del Pueblo y asociaciones de emigrantes.

Mientras, los centenares de perjudicados comenzaron a respirar tranquilos, después de varias semanas de intensas protestas. Éstas incluyeron manifestaciones frente al Palacio de Gobierno, encierros, caceroladas, amenazas de huelgas de hambre e incluso la retención de un intendente de la Policía durante varias horas. Todo, con tal de retornar a España.

Fernando Benavides, representante de los damnificados, se mostró ayer satisfecho de la reclamación «porque permitirá viajar a casi la totalidad de los afectados; lo que necesitamos ahora es que fijen las fechas de los vuelos cuanto antes». El ecuatoriano explica que la primera opción de un millón de dólares (aprobada el pasado 29 de diciembre) sólo servía para que viajaran 2.000 pasajeros (a razón de 500 dólares (390 euros) cada billete; ése fue el trato con Delta Airlines), quedándose en tierra otras 1.500 personas. Son cifras de la Defensoría del Pueblo, encargada de elaborar una lista con los datos personales de todos los afectados en el país.

En lo que respecta a Panamá, la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) de este país ordenó ayer a la aerolínea española Air Madrid que pague los daños y perjuicios ocasionados a los pasajeros (impuestos, tasas aeroportuarias y otros cargos o el transporte al destino contractual de los tenedores de pasajes) por la suspensión de sus operaciones, según fuentes oficiales citadas por Efe.

Por su parte, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de Argentina notificó a España que «estaría dispuesta a permitir la operación» de la aerolínea alemana LTU «para dar respuesta a los usuarios perjudicados» por el cierre de Air Madrid, pero con condiciones. Argentina exige que la autoridad española garantice «previamente la provisión de transporte sin costos o devolución de los importes pagados por pasajeros en Argentina y perjudicados por el cese de operaciones de Air Madrid».