La certificación de estos requisitos es necesaria a efectos de la aplicación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Esta función venía siendo realizada hasta ahora únicamente por la Dirección General de Desarrollo Industrial.

Sin embargo, el nuevo Real Decreto incluye, además de al departamento de Industria, al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entre los órganos que van a emitir los informes motivados. Estos informes son vinculantes para la Administración tributaria, y se emiten a instancias de las empresas, de manera que los gastos que realicen en proyectos o actividades de investigación, desarrollo e innovación, dan derecho a la aplicación de las deducciones fiscales previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Pese a estas deducciones, España es uno de los países de la Unión Europea que menos dinero destina a proyectos de investigación y desarrollo. Según Eurostat, el gasto de España alcanzó los 10.100 millones de euros, equivalente al 1,12% del Producto Interior Bruto, muy por debajo de la media de la UE (1,84%). No obstante, España se sitúa entre los estados donde la inversión está aumentando a un ritmo superior al resto de los países comunitarios, con un crecimiento medio anual de un 8,4%.