La guerra de precios en la que se ha visto inmerso el sector provocó que el año pasado las subastas acabaran con precios de licitación un 16% por debajo de los precios de salida, un hecho que para la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña es una señal de alarma. En una entrevista a Europa Press, el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal aseguró que su gabinete introducirá «ajustes» en los pliegos de condiciones de los concursos para tratar de llegar a «un punto intermedio» en el que puedan confluir precios competitivos para la Administración y unas condiciones técnicas adecuadas. En los próximos meses se verán las primeras «pruebas» practicadas en ese ámbito por la Administración autonómica.

Nadal considera que la Generalitat ya cambió «las reglas del juego» hace tres años, lo que, en su opinión, ha permitido que Cataluña sea «el mercado más abierto que hay hoy en España».

El primer paso que tendría que ir en ese camino es la Ley de la Obra Pública que el tripartito presidido por José Montilla aprobó el pasado 27 de diciembre, una de las primeras iniciativas de su Gobierno después de que un texto muy similar fuera aprobado por Pasqual Maragall en julio pasado. Esa ley, elaborada a la sombra del derrumbe del túnel en el barrio barcelonés del Carmel ocurrido en enero de 2005, establece nuevos requisitos e instrumentos para reforzar la seguridad, la transparencia y la calidad en la obra pública de Cataluña, que ya debería forzar a los constructores a ajustar los precios que presentan en los concursos. Pero precisamente fueron los contratistas los que peor reaccionaron a la nueva legislación, especialmente cuando ésta se encontraba en fase en redacción.

La Generalitat es la principal adjudicataria de obra pública en Cataluña, a través de la empresa pública Gisa. El ejercicio pasado, de enero a noviembre, firmó contratos por un valor total superior a los 3.000 millones de euros, el doble que lo dedicado por el Estado y 600 millones de euros más que las corporaciones municipales -en año preelectoral-. Pese a que el pastel de la obra pública es grande, los grandes grupos se han visto obligados a pujar para captar el máximo de cartera para los próximos años. La Cámara de Contratistas sostiene que en esa guerra para captar contratos, las compañías se ven forzadas a reducir sus costes al mínimo y potenciar su flexibilidad. Y esa flexibilidad, admiten en la cámara, pasa por dejar a un lado la formación de su personal, la inversión en equipamientos o la mejora tecnológica.