El comunicado, que parte de un «absoluto rechazo» a la violencia y califica de «grave violación de los Derechos Humanos» el atentado de Barajas que perpetró ETA el 30 de diciembre, renueva y mantiene sus propuestas «en la voluntad de contribuir a la gestación de un nuevo escenario democrático de paz y normalización políticas».

Para los juristas, entre quienes destaca el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, «sigue siendo imprescindible un compromiso activo y determinado de exigencia del pleno respeto a todos los derechos, en la voluntad de crear las condiciones para la recuperación de un proceso de paz firme».