Las organizaciones de rumanos han mostrado su indignación por esta exigencia tras haber entrado en la UE y aseguran que el visado va a disuadir a muchos trabajadores rumanos de venir a España, un fenómeno que ya se está produciendo. «Nos parece muy mal que el Gobierno español exija visado, pero confiamos en que no lo va a mantener. El problema es que el ministro Caldera y su equipo no saben cómo aplicar la moratoria», declaró Daniel Tecu, presidente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Cultural de los Rumanos en España.

Tanto esta ONG como otras han criticado el caos y la falta de previsión del Ejecutivo a la hora de afrontar las restricciones impuestas durante dos años a los trabajadores rumanos y búlgaros.

La secretaria rumana de Estado en el Ministerio y responsable del departamento del Trabajo en el Extranjero, Nicoleta Andreescu, confirmó ayer a la agencia Efe lo publicado por este diario, y manifestó que «se trata claramente de una discriminación y una violación de la directiva 38/2004 de la Comisión Europea y de la jurisprudencia comunitaria».