El cadáver tiroteado de Juan Tica y el cuerpo apaleado y luego ahorcado del joven de 17 años -opositor a Morales- Christian Uresti son, para unos y otros, los «trofeos de guerra» de la batalla campal que en la noche del jueves (hora española) enfrentó en las calles, cuerpo a cuerpo, a los partidarios del presidente, por un lado, y los defensores del opositor derechista Manfred Reyes, gobernador de la ciudad, por otro.

Resultado: 116 heridos -ayer seguían llegando- que van desde niños de 10 años, con impactos de bala, hasta ancianos de 80. Ayer, en plena batalla, se informó de un tercer fallecimiento, una campesina, aunque luego se desmintió.

Todo, porque el gobernador de la oposición fijó por su cuenta la fecha para un referéndum por la autonomía de su región, negándose a reconocer el resultado del no que ya ganó, por un 63%, el pasado 2 de julio en la consulta nacional por las autonomías convocada por Morales.

Con la consigna de expulsar al gobernador y desalojarlo del edificio de la prefectura, miles de cocaleros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, cuyo máximo responsable es el presidente Morales -quien, siendo jefe de Estado, sigue siendo líder sindical-, llegaron a la ciudad desde el lunes, y acumularon la tensión que estalló el miércoles, cuando intentaron tomar al asalto la sede de la prefectura (gobernación), que sufrió daños en un 40%.

El gobernador huyó por la puerta trasera disfrazado de policía, y apareció al día siguiente en La Paz, en una reunión con los otros cinco gobernadores opositores al Movimiento al Socialismo de Morales, los prefectos de las regiones orientales de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, a quienes se sumó el de La Paz.

Mientras, en Cochabamba, comenzaba la tragedia. Miles de jóvenes de la -paradójicamente- autodenominada Juventud Pacifista por la Democracia, salieron a las calles con palos, bates, escudos, piedras, cuchillos y armas de fuego para desalojar a los cocaleros de la ciudad. Ayer, el presidente Morales -que durante la crisis se encontraba en Nicaragua-, apareció en la televisión estatal pidiendo a sus bases «no ser vengativos, respetar la vida humana y actuar en el marco de la democracia». Denunció que las gobernaciones locales se han convertido en un «botín político» y pidió que se reanude el diálogo roto. Como mediadores se han ofrecido conjuntamente la Iglesia, el Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos. En un comunicado, convocan al gobernador rebelde y a representantes del Gobierno a una reunión para encontrar una solución pactada.

Pero los campesinos y movimientos sociales juraron ayer, en un cabildo abierto -consulta popular en la plaza central-, que no se moverán de la ciudad hasta que Manfred Reyes renuncie. Además, pretenden tomar al asalto sus propiedades y llaman a más compañeros a asediar la ciudad. Siguen llegando camiones repletos de campesinos que se hacinan incluso en el techo de los vehículos. Para ellos, sí se levantan los bloqueos.

El gobernador apareció en televisión acusando al presidente Morales de ser el instigador de la situación. A última hora, viajó a la ciudad sureña de Santa Cruz -de las más beligerantes contra Morales-, convocado por el cardenal Julio Terrazas. A la salida, aseguró que retirará su propuesta unilateral de referéndum por la autonomía «si es ilegal».

Mientras, alrededor de 4.000 jóvenes partidarios de Morales intentaban tomar ayer al asalto la red de televisión Unitel, que consideran opositora al Gobierno. El Ejército intentaba controlarlos con gases lacrimógenos.