El caso se remonta al breve pero turbulento interregno que va de la muerte de Perón al golpe de Videla. La viuda ocupaba la Jefatura del Estado, pero quien de verdad movía los hilos era el todopoderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega. La espiral de violencia desatada por comunistas y montoneros -peronistas de izquierda expulsados del partido en 1974- fue la excusa para poner en marcha una estrategia de guerra sucia por dos vías. La primera fue la creación de la Triple A, una banda parapolicial urdida desde las cloacas del Estado para asesinar a supuestos opositores de la que formaba parte el ex policía Rodolfo Almirón, detenido recientemente en Valencia a raíz de una investigación de EL MUNDO. La segunda fue la aprobación en 1975 de una serie de decretos que autorizaban al Ejército a «ejecutar las operaciones militares y de seguridad» que fueran «necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos». Los decretos no los firmó la presidenta -lo hizo el titular del Senado, ella estaba de baja médica-, pero el magistrado la hace a ella responsable de su aplicación y considera que la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti es fruto de ellos.

La aplicación de la orden de arresto contra Isabelita Perón no supondrá su entrega inmediata a la Justicia argentina. Queda por delante un complicado procedimiento que pasará por la Audiencia Nacional y que precisará en el último tramo de la aprobación del Gobierno español.

Como en el caso de Pinochet, los abogados esgrimirán ahora motivos de salud y de edad para que su clienta no sea juzgada, pero no existe ninguna razón para que el Ejecutivo español no la entregue, toda vez que existe un tratado de extradición con Argentina y que el presidente Kirchner, ya ha avanzado que no se opone a ello. En cualquier caso, no deja de ser una buena señal que una ex jefa de Estado -aunque sea 30 años después- pueda ser juzgada por crímenes cometidos bajo su mandato.