Según afirma Los Angeles Times, dichas acciones llegan después de una reunión confidencial el pasado mes de octubre entre la agencia federal, la llamada Free Speech Coalition -ente que protege los intereses de la industria pornográfica-, y varios representantes de seis de las mayores empresas de pornografía con base en el valle de San Fernando (al norte de Los Angeles), y considerado como uno de los centros mundiales de producción del ramo.

En ese encuentro, los agentes advirtieron a empresas como Vivid Entertainment, Larry Flynt Publications y Digital Playground -tres de los mayores productores de contenido adulto- de que las redadas iban a producirse por sorpresa, con un mínimo de cinco agentes y cargados con material gráfico -extraído de películas-, con caras de actores y actrices cuya apariencia física pudiera inducir a pensar que eran menores.

Todo como consecuencia del cambio reciente en las regulaciones del ramo -vigentes desde mayo de 2005-, que exigen a los creadores de productos pornográficos guardar indefinidamente las copias de dos archivos de identificación gubernamental de los actores y luego plasmar que cumplen con el requisito en las etiquetas de todos los videos o DVD a la venta.

A los infractores les puede caer pena de cárcel. De momento sólo ha habido una víctima -Joe Francis, fundador de la empresa que produce los vídeos Girls gone wild-, que se declaró culpable de algunos cargos el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, ya hay quien piensa que las redadas son inútiles y que no justifican la utilización de fondos públicos. «El FBI ha limitado su área de acción desde el 11 de septiembre, lo que no hace más que levantar sospechas», afirma al Times el profesor de Historia de la universidad Marquette y experto en el FBI Athan G. Theoharis, quien se pregunta si «estas investigaciones están evitando descubrir nuevos casos como Enron o World-com, cuyo impacto en la vida de los estadounidenses es mucho mayor». Es más, Theoharis cree que todo se debe más a una operación de relaciones públicas -iniciada por el FBI en tiempos de J. Edgar Hoover- «para establecer una imagen más impoluta del cuerpo y reflejar las sensibilidades americanas».

Desde la industria pornográfica se cree que la pornografía infantil no se fomenta desde California y bajo el auspicio de los grandes productores. Más bien es obra de productores underground que permanecerán fuera del radar legal con estas operaciones. Como argumento defensor, la organización Free Speech Coalition asegura que en los últimos 25 años, sólo se han dado 12 casos.

El más sonado fue, sin duda, el de Traci Lords. La chica, tras engañar a los productores, empezó a trabajar como actriz porno con tan sólo 15 años en la década de los 80. Con tanto éxito que antes de llegar a la mayoría de edad ya era una de sus estrellas más prominentes. Cuando se supo su verdadera edad, las autoridades federales descargaron todo el peso de la justicia contra la industria pornográfica, especialmente aquéllos que estuvieron relacionados con Lords. Poco importó que mantuvieran su inocencia hasta el final.

Steven Hirsch, fundador de Vivid Entertainment y uno de los principales afectados por el caso Lords, afirma que las acciones legales iniciaron una época de terror entre los productores, además de millones de dólares en pérdidas. Pero se resiste a criticar al FBI: «Están jugando de forma decente», asegura Hirsch, «pero dudo de que ése sea el problema, ya que hay muchas chicas de edad legal dispuestas a trabajar en esto».

Kevin Beechum, propietario de K-Beech Inc, una de las empresas que ha recibido la visita del FBI, resume el sentimiento de una forma clara: «No somos tontos. ¿Por qué pondría en juego 10 millones de dólares al año rodando a una menor?».