El juez federal de Argentina, Norberto Oyarbide, a cargo de la causa Triple A, asegura al diario argentino Perfil que cuenta con indicios de la responsabilidad política de Isabel Perón en los crímenes políticos cometidos entre 1973 y 1975.
La ex presidenta habría participado en reuniones de su gabinete de ministros en las que se organizaron algunos de esos crímenes. Oyarbide ha reactivado una causa que permaneció dormida durante 30 años y afirma que quiere llegar hasta el máximo responsable de los crímenes.
Pregunta.- ¿Isabel es responsable penal por estos crímenes?
Respuesta.- En este momento el juzgado analiza material probatorio que tiene que ver con el conocimiento puntual que podría haber tenido Isabel Perón desde su función de presidenta. Hay ciertos testimonios que se están valorando para interpretar su actuación y quedaría en cuenta que tenía ciertos conocimientos y tomó determinadas decisiones al respecto.
P.- ¿Se está evaluando la responsabilidad política de las acciones de la Triple A?
R.-El accionar de gobierno se instrumenta a través de herramientas como decretos y resoluciones y tenemos muchos de esos datos. Los estamos analizando. Luego corresponderá adoptar una decisión. Pero no puedo anticiparla. La causa ya cuenta con testimonios -que incluyen a ex miembros del gobierno- según los cuales Isabel conocía y consentía las operaciones de la organización y que afirman que la ex presidenta habría participado de las reuniones de Gabinete donde, junto con José López Rega, se decidió eliminar a opositores políticos de la derecha peronista.
P.-¿Algunos ministros de su gabinete podrían verse implicados en el proceso?
R.-Sí, podrían ser convocados. Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, Miguel Unamuno.
P.- ¿Cree que Perón también tuvo responsabilidad política por la Triple A?
R.- El señor Perón está muerto. Todos lo sabemos y carece de sentido avanzar en ese aspecto.
P.- ¿Hay interés del Gobierno en que avance esta causa?
R.- El secretario de Derechos Humanos vendría a aportar su declaración testimonial sobre el atentado de Ortega Peña -su socio en un estudio jurídico-. Pero el doctor (Eduardo Luis) Duhalde me manifestó también que aportará datos sobre otros atentados de la Triple A. Sin duda va a enriquecer mucho la causa. Se comunicó conmigo por teléfono y se colocó enteramente a disposición del Tribunal. También podría acudir el ex senador Hipolíto Solari Yrigoyen.
P.- ¿Cree que esto puede derivar en que se juzgue a ex guerrilleros por atentados?
R.- No lo sé. Lo cierto es que al declarar en esta causa delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos entre 1973 y 1975, claramente estamos saliendo de la clásica figura del delito de lesa humanidad aplicado a la etapa dictatorial. Sin duda, esta causa está sentando un verdadero precedente y creo que la sociedad lo aprecia.
P.- ¿Cree que puede extenderse la aplicación de esa figura?
R.- Quedó declarado delito de lesa humanidad porque surge de la investigación que quienes llevaban adelante esos crímenes procedían en el marco de una organización llevando a cabo secuestros, desapariciones forzadas y muertes cometidas con un nivel de crueldad muy especial.