La primera presidenta de Latinoamérica, cuyo mandato allanó el camino para la sangrienta dictadura de Jorge Videla (1976-1983), se enfrenta ahora a una situación similar a la de otros represores -incluido su propio sucesor-, cuya impunidad se ha visto perturbada por los jueces bien en su propio país, bien en un dorado exilio o incluso en mitad de un chequeo médico en un hospital extranjero, procesos todos ellos no exentos de polémica en medio de acusaciones de injerencia política en la justicia.

El caso más espectacular fue el arresto londinense de Augusto Pinochet, cuya extradición a España denegaron las autoridades británicas por razones de salud, que podrían ser también esgrimidas en el caso de la tercera esposa de Juan Domingo Perón, de 75 años y a la que el magistrado Juan del Olmo ha dejado en libertad provisional con la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días.

Carlos Slepoy, abogado y antiguo preso político, cree que la situación es hoy distinta a la que existía en 1999: «El hecho de que una persona esté enferma no implica que no pueda ser sometida a juicio. En todo caso habría que cuidarla debidamente, pero eso no impide que responda ante la sociedad por sus crímenes». Además, recuerda que el Gabinete español tiene hoy otro color político. «En el caso de Pinochet había un Gobierno [el de Aznar] que no estaba a favor de las actuaciones judiciales en España. Se supone que este otro va a ser proclive a aceptar lo que dicte la Justicia».

Un «hito» en la Historia

Sin embargo, Slepoy contempla un paralelismo mayor entre el caso de María Estela Martínez -«un hito que puede cambiar el porvenir de Argentina»- y el de 40 represores de la dictadura argentina cuya extradición, reclamada por Baltasar Garzón, fue bloqueada por el anterior Gobierno español en el año 2003.

A pesar del precedente judicial que había supuesto poco tiempo antes la entrega a España del ex marino Ricardo Cavallo -después de que varias de sus víctimas le reconocieran en México como torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-, el Ejecutivo español denegó esta vez la petición de extradición sobre la «firme convicción» de que esos 40 miembros de la dictadura militar podrían ser juzgados en su propio país, según explicó el entonces portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy.

El Consejo de Ministros entendía que, una vez anuladas por el Parlamento las Leyes de Punto y Final y Obediencia Debida, no había obstáculo para juzgar a los represores, entre los que se hallaban figuras clave del régimen como el citado dictador Videla y algunos de sus principales comandantes, como Jorge Anaya, Carlos Suárez Manson o Armando Lambruschini.

«El juez argentino los había detenido a petición del juez español en un hecho inédito en la historia», recuerda Slepoy. «Era la misma situación que se ha dado ahora con Isabelita Perón: se solicita una detención para cursar luego una demanda de extradición». Tras la negativa del Partido Popular a emitirla, explica el letrado, la acusación presentó un recurso ante el Supremo: «Hace más de un año la sala de lo Contencioso Administrativo sentenció que la actitud del Gobierno implicaba una injerencia en asuntos propios del Poder Judicial y que debía haber enviado las solicitudes independientemente de la opinión que tuviera».

Ahora, dice, la responsabilidad de cumplir con lo dictado por la justicia, es del actual Gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, que más de un año después de esa sentencia del Supremo sigue sin enviar las órdenes «por falta de interés, amparándose en que en este momento el caso no tiene notoriedad».

Esa circunstancia puede cambiar ahora si Isabelita Perón -acusada de firmar en 1975 tres decretos que legitimaban la «aniquilación de los elementos subversivos» en todo el país- comparece finalmente ante un tribunal argentino.

El Gobierno de Néstor Kirchner ya ha señalado que no habrá un «pacto de impunidad», declaraciones por las que Slepoy se felicita. «Todavía hay muchas insuficiencias en Argentina, porque no existe una política de Estado para juzgar adecuadamente a estos criminales, pero por eso mismo medidas como ésta son muy importantes, porque tienden a crear una conciencia social cada vez mayor de que estos casos pueden ser juzgados. Durante mucho tiempo hubo una sensación de que la impunidad era inevitable. Ahora por el contrario existe una sensación de que se ha logrado romper ese muro».

'Caso Cavallo'. El juez Baltasar Garzón logró la extradición desde México de Ricardo Cavallo, después de que algunas de sus víctimas le identificaran como el hombre que las torturó en la Escuela de Mecánica de la Armada. El Gobierno español aceptó entonces trasladarlo a Madrid con el argumento de que era imposible que fuera juzgado en su país.

'Caso de 40 represores'. El Gobierno de Aznar bloqueó la demanda de extradición cursada por el mismo juez esgrimiendo la abolición de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida en Argentina e invocando la prioridad de los tribunales del propio país para juzgar estos crímenes. El Supremo emitió una sentencia que enmendaba la decisión del Ejecutivo por considerarla una injerencia.