La Resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005 contiene la política antiterrorista que todos los partidos democráticos -incluido el Partido Popular- hemos firmado y sostenido siempre: unidad en torno al Gobierno de la nación; negación de cualquier legitimidad o cualquier precio político a ETA; facilitar el abandono de la violencia a quien quiera dejar inequívocamente de ejercerla.
Rajoy pide ahora la derogación de la Resolución por las mismas razones por las que no la firmó en 2005. Porque piensa que ir junto al Gobierno en materia antiterrorista le impide llegar a la Moncloa. Es un error sin paliativos, pero ésa es la única explicación.
Es verdad que cada vez le es más difícil a Rajoy sostener esta posición, que rompe el núcleo esencial de la política antiterrorista de la democracia española: los partidos firman acuerdos de definición de esa política, que dirige y aplica el Gobierno. Todo ello en colaboración con dichos partidos, que renuncian, por ello, a utilizar esa política como arma de confrontación electoral. La fundamentación de tal doctrina es clara: los partidos democráticos no utilizan o apoyan la violencia. ETA sí. De ahí que no tenga sentido que los partidos usen el terrorismo como dialéctica de confrontación o crítica entre ellos. El único enemigo es ETA.
De otra parte, quien marca la política en torno a la cual se edifica la unidad democrática es el Gobierno. ¿Quién si no? El Gobierno es quien tiene la legitimidad que le han dado mayoritariamente los españoles, tiene las competencias constitucionales y los mecanismos policiales para dirigir con eficacia la lucha contra el terrorismo.
Por eso, hay que tener razones muy convincentes para no estar con el Gobierno en su objetivo de acabar con ETA. El PP no las ha dado. Sólo tiene una, inconfesable, la que ya hemos dicho, que el Gobierno no gane las elecciones aprovechando la unidad. De ahí las excusas que el PP ha estado elaborando, o la muralla que ha estado construyendo alrededor de sí mismo, para no apoyar las iniciativas unitarias de partidos como PSOE, CiU, IU, PNV, ERC, EA, CC, etcétera. Primero fue la negativa a votar la Resolución de 2005; luego, el constante boicoteo al ya fenecido «proceso de paz»; y, desde el ataque de ETA del 30 de diciembre, su propuesta de revocar la Resolución de 2005 y su oposición a ir junto con los ciudadanos a las manifestaciones multitudinarias de ayer, y su olvido de la necesaria solidaridad con los dos ecuatorianos inmigrantes. Sólo esto ya hubiera merecido la participación en las manifestaciones de Madrid, Bilbao y otras ciudades.
¿Acaso piensa Rajoy que alguien se cree que el Gobierno no quiere derrotar a ETA?
Rajoy está fuera de juego proponiendo cosas tan estrambóticas como abolir una Resolución parlamentaria que no estorba a nadie, y cuya no aplicación no ha sido debida a su contenido sino a la acción de ETA, exclusivamente a ETA.
Tan erróneo sería hoy la derogación de la Resolución de 2005 porque no la suscribió el Partido Popular, como la derogación del Pacto Antiterrorista porque no fue firmado por los partidos políticos diferentes del PP y del PSOE. La exigencia de hoy es la unidad de todos contra nuestro único enemigo y no enzarzarnos en discusiones que sólo debilitan a los demócratas.
La revocación de la Resolución de 2005 no es la cuestión a dilucidar hoy. La cuestión es lo que los españoles dijimos ayer desde la calle: que hay que sumar y no dividir, que todos los demócratas debemos luchar juntos, como una piña, sin fisuras, en torno al Gobierno, contra el terrorismo, contra ETA.
NO
Diego López Garrido es portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.