La titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 2 de Cataluña, María José González, emitió ayer un auto por el que revocaba todos los privilegios que el secretario de Institucions Penitenciàrias, Albert Batlle, a través de la junta de tratamiento de la prisión de Brians.

Disfrazados bajo un inconcreto programa de colaboración con Cáritas Diocesana, otorgaba al otrora prestigioso penalista un régimen de semilibertad, del que goza desde el pasado 20 de didiciembre, apenas dos meses y medio después de ingresar en prisión para cumplir una pena de siete años de cárcel por ser uno de los principales artífices del caso Estevill de prevaricación, soborno, detención ilegal, amén de la deslealtad profesional.

El pasado 10 de enero, la Fiscalía presentó ante la juez González un escrito en el que se oponía a las medidas de gracia otorgadas por la junta de tratamiento de Brians, por entender que: «La propuesta no realiza el menor razonamiento de porque las tareas a realizar pueden influir de forma positiva en las carencias tratamentales del interno, única juctificación legal para la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario».

La magistrada sostiene en su auto que la junta de tratamiento propone que Piqué abandone la prisión para prestar servicios a Cáritas pero le recuerda que la ley «requiere que se fundamente».

De hecho, la juez asegura que la junbta no somete a la aprobación judicial propuesta concreta alguna, sólo «se refiere genéricamente»a la necesidad de salidas para colaborar con Cáritas Diocesana, «únicamente indicando el horario y los días de la semana [de lunes a viernes]».

«Tampoco constan», sostiene la juez González» qué medidas de control de la ejecución se esrablecen». La juez considera que todos esos elementos son más que suficientes para rechazar la propuesta de la junta de tratamiento, ante la cual Piqué ha demostrado que, a pesar de sus 73 años sigue siendo capaz de vender neveras a los esquimales, aunque su poder de convicción siga siendo para muchos un enigma. Pero es que, además, la magistrada recuerda a la junta de tratamiento que Piqué Vidal fue condenado a una pena de siete años de prisión y que para considerar su cambio de grado debería haber cumplido un cuarto de la condena, algo que no ocurrirá hasta el 25 de noviembre de 2007.

Aunque suave, el auto de la juez no evita el reproche:»es necesario que transcurra al menos un cierto periodo de internamiento que permita valorar el efecto intimidatorio de la pena, antes de proceder a la aplicación de un régimen tan benévolo»

Y es que cuando, en noviembre de 2006 trascendió que Piqué Vidal iba a disfrutar de un régimen similar al tercer grado penitenciario sin apenas llegar a cumplir dos meses y medio de condena, nadie se explicaba la actitud de la Administración socialista ni las razones de Albert Batlle para permitir que uno de los delincuentes más célebres de la era del pujolismo lograra haber aterrorizado a la ciudad a cambio de 10 semanas de cárcel.