La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía recibió hace meses una información procedente de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona referente a una sociedad limitada que había presentado 47 sospechosas ofertas de empleo. Sospechosas porque la empresa no había demostrado su solvencia ni su capacidad de contratación.

La policía abrió una investigación y no tardó en averiguar que la firma tenía a ocho trabajadores dados de alta y estaba formada por tres socios, un administrador y una apoderada, los cuales poseían un entramado de 110 empresas. Para muchas de estas firmas se había presentado gran cantidad de ofertas de empleo. Según explicaron ayer fuentes de la investigación, los sospechosos habrían estafado a unos de 400 inmigrantes. La mayoría son de origen paquistaní, aunque también hay súbditos indios.

Entre las personas identificadas figuraban algunos nombres que ya estaban involucrados en otra causa similar. Las pesquisas concluyeron que Felipe V. M., un ciudadano español de 43 años, era el cerebro de esta trama, que empezó a operar en el año 2000, pero que incrementó sustancialmente su actividad en 2004.

Los investigadores dieron finalmente con el centro de operaciones de la red, que se encontraba en el número 43-45 de la calle Zaragoza, en el distrito de Sant Gervasi de la capital catalana. Durante días realizaron vigilancias y constataron un continuo trasiego de inmigrantes que entraban y salían del edificio. Finalmente, el pasado día 10, diversas dotaciones policiales se acercaron hasta el piso y, con el pertinente mandamiento judicial, realizaron una entrada y registro. Los agentes hallaron gran cantidad de documentación relativa a ofertas de trabajo para extranjeros, facturas falsas expedidas para las diferentes empresas con las que la red operaba, 25 sellos con el anagrama de las citadas sociedades, cinco ordenadores y gran cantidad de recibos, junto a sus respectivas ofertas, en las que constan el dinero abonado por las víctimas, así como lo que les restaba por pagar. Ese mismo día, los agentes detuvieron a 11 de los componentes de la red. Los dos restantes fueron capturados al día siguiente.

Se trata de cinco españoles, cuatro paquistaníes, tres bolivianos y un marroquí. Tras ser puestos a disposición judicial, quedaron en libertad con cargos a excepción del cabecilla, que permanece en prisión. Están acusados de favorecimiento de inmigración ilegal, delito contra los derechos de los trabajadores, falsificación documental y estafa.