Las asociaciones de perjudicados Defendiendo lo Nuestro de Madrid, La Mancha-Centro, Albacete, Castilla y León y Linares, bajo la dirección del bufete de abogados Marín, reclaman más de 24 millones de euros (24.261.804,07 euros) por los daños «efectivos, individualizados, evaluables económicamente y antijurídicos» ocasionados, según el escrito de reclamación, al que ha tenido acceso este periódico.

«La intervención estatal [en referencia a la intervención judicial que sufrió la empresa el pasado 9 de mayo por una presunta estafa a más de 250.000 personas] ha causado unos daños y perjuicios a los hoy reclamantes», asegura la demanda. En este sentido, exigen al Estado que se les devuelvan las aportaciones que hicieron desde el inicio de sus contratos hasta el momento de la declaración del concurso público de la sociedad, el 20 de junio de 2006, más los cobros mensuales pendientes a esa fecha, con sus revalorizaciones.

El escrito en cuestión deja claro que «la Administración ha cometido errores», tales como «la indeterminación de la naturaleza jurídica del negocio que se venía generando [hace 27 años] y una aplicación arbitraria e inadecuada de las leyes». El negocio de la inversión en bienes tangibles (sellos, en este caso), considerado ahora un negocio financiero, se reguló en 2003. No obstante, la ley no clarifica qué tipo de comercio es mercantil o financiero.

El Ministerio de Economía dispone de seis meses para contestar a la demanda. En caso de que la respuesta sea negativa, los demandantes presentarán su escrito ante un juzgado contencioso-administrativo. Esta demanda, presentada dentro del año estipulado para ello (desde que se produjo la intervención) conforma la primera de las que presentarán las citadas asociaciones, hasta cubrir a sus 25.000 asociados.