Estuvo arropado por Carlos Fabra, presidente del PP provincial, y por Juanjo Rubert, su sucesor. Vilanova insistió en que se va por «la presión» recibida «desde la oposición». Vilanova fue condenado por el Tribunal Supremo a un año y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación por prevaricación, al consentir «de forma deliberada» la emisión ilegal de ruidos de una empresa que generó quejas vecinales durante años.