El Tribunal Supremo (TS) ha estimado un recurso de la acusación basado en que el fallo no había tenido en cuenta el daño moral. Además, la falta de medios de la familia no permitió llevar a cabo un tratamiento psicológico, «lo que hizo que la recuperación de la menor fuera más tortuosa y prolongada», indica. El Tribunal ha incrementado sensiblemente la indemnización, aunque no en la cuantía pedida por la acusación (30.000 euros) y el fiscal (20.000).

En contra de lo alegado por la profesora (que atribuyó la denuncia a un móvil económico), el TS da plena verosimilitud al testimonio de la niña, pese a su corta edad.

Los hechos sucedieron en 2001 en un colegio de la Comunidad de Madrid. La pequeña jugaba en el patio después de salir del comedor escolar cuando la condenada, María Aurora Ortiz, la llevó al cuarto de baño, efectuando tocamientos en la zona vaginal e introduciéndole un dedo.

El Supremo resalta que el testimonio de la niña, que declaró en el juicio oral, se vio ratificado por los partes médicos, que objetivaron el mismo día de los hechos las erosiones vulvares sufridas; un informe pericial psicológico, que atribuyó a la víctima total credibilidad; el testimonio de su profesor, que hasta esa fecha no advirtió nada irregular en la pequeña, y el relato de la madre.

Ésta manifestó que, ese día, la vecina que recogía a la menor del colegio le comentó que había salido quejándose de que le dolía «su cosita». Al llegar a casa, se quedó dormida en un sofá y al rato se despertó llorando y diciendo «déjame, no me toques», mientras se agarraba la ropa interior.

El Supremo destaca que, pese a que la acusada no era su profesora, la niña fue capaz de señalarla como la persona «que le había hecho daño» cuando la Guardia Civil le mostró fotografías de 22 mujeres.