Esta vez la polémica entre ambos ha surgido por la decisión de la Consejería de Empleo y Mujer de mezclar el número de siniestros in itinere y los de por accidente de tráfico, frente a lo que llaman «accidentes laborales en sentido estricto», en referencia a los que ocurren en un centro de trabajo tradicional. «No entendemos a qué se refiere el consejero con 'accidentes de trabajo en sentido estricto'. Sólo entendemos la diferencia que marca la Ley entre accidentes dentro de la jornada laboral y los in itinere, de camino o de vuelta del trabajo», explicó ayer la portavoz de UGT, Marisa Rufino.

El consejero de Empleo, Juan José Güemes, explicaba minutos antes en rueda de prensa que la mitad de los accidentes mortales de la región se produjeron en las calles o en las carreteras de la comunidad, «donde la prevención tiene que ser en materia de seguridad vial» y «cuyas competencias, excepto en las comunidades en las que están cedidas, es de la Dirección General de Tráfico», insistía.

Sin embargo, CCOO y UGT rechazaron esta nueva forma de dar los datos en la que «un repartidor que tenga un accidente de tráfico se considere como un tema de seguridad vial y no de jornadas laborales o de siniestralidad».

Aumenta la siniestralidad

Con los datos del consejero, sólo el 26% de los siniestros ocurrió en el lugar de trabajo, entendido de forma tradicional. «Éstos son sobre los que podemos actuar en materia de prevención», aclaró Güemes. En total, 44 muertos, los mismos que en 2005.

Según los sindicatos, los empleados fallecidos en este apartado subirían hasta los 66 empleados, un 46% del total y un fragmento más sobre los que actuar también en materia de prevención y control.

Al margen de las dos versiones de los datos, los trabajadores fallecidos crecieron en 2006, un 8,3%. «Los accidentes en sentido estricto, sin embargo, se mantuvieron a pesar del fuerte incremento de las personas que entraron en el mercado laboral en Madrid», aclaró el consejero de Empleo volviendo a esa división de los siniestros.

El sector donde más accidentes laborales mortales se produjeron fue en la construcción, con 20 fallecidos en 2006. Le siguen los sectores de servicios e industria.

«Aquí no hay margen para la autocomplacencia. Un solo trabajador o trabajadora que pierda su salud o su vida en el trabajo nos tiene que llevar a redoblar los esfuerzos tanto en el diálogo como en el presupuesto. Y vamos a seguir redoblándolos», insistió el consejero.

En cuanto a las causas, 13 trabajadores fallecieron como resultado de una caída, 11 por quedar atrapados, cinco por golpe de un objeto que caía y tres por contactos eléctricos. Además nueve de los 44 fallecidos eran inmigrantes, una proporción que sube en el sector de la construcción, con seis extranjeros muertos sobre 20.

UGT denunció que la lacra de la siniestralidad laboral sigue pesando más en los jóvenes. «El 40% de los accidentes ocurridos en la Comunidad tenía como víctima a un joven, con menos de un año de antigüedad, en una empresa subcontratada en el sector de la construcción».

Lista de empresas condenadas

Los partes por siniestros graves se redujeron en todos los apartados (enfermedades, centros de trabajo e in itinere) entre un 9 y un 10% respecto a 2005. Además, la mayoría tuvo lugar en el lugar de trabajo y, al contrario de lo que ocurrió en los mortales, se dieron más siniestros en el sector servicios que en la construcción, concretamente un 46% del total.

Los sindicatos coincidieron con el consejero de Empleo en que la mayoría de los siniestros se producen por infracciones graves en la normativa de prevención de riesgos laborales.

«Y todo a pesar de que Madrid es una de las comunidades autónomas más segura para trabajar, la primera región española con menor índice de accidentes graves y la segunda en mortales», aclaró Güemes.

Pero los sindicatos piden más implicación de las empresas y de la administración. El último instrumento con el que se quiere incrementar la formación, información y prevención de riesgos laborales es la publicación de la lista negra de empresas con sentencias por infracciones graves en prevención de riesgos laborales.

«Todavía no está elaborada, pero, el año pasado, se abrieron 2.494 expedientes en materia de seguridad e higiene y por accidentes de trabajo, que supusieron sanciones por un importe de más de nueve millones de euros», advirtió el consejero. A estas casi 2.500 habrá que añadir otras tantas del año 2004, por lo que podría señalarse con el dedo más de 5.000 empresas de la Comunidad.

Para los sindicatos esta medida es insuficiente, porque consideran que la lista debería ir más allá: «Publicar los nombres cuando hay una sanción administrativa, sin esperar la sentencia que puede tardar entre 36 y 40 meses. Además, habría que prohibir a estas empresas contratar con la administración pública y recibir subvenciones».