Su investidura suma adeptos al giro a la izquierda que se está asentando en América Latina con la reelección de Hugo Chávez en Venezuela y la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia. Correa, que ganó en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 26 noviembre con más del 56% de los votos, ha manifestado siempre su simpatía e incluso «admiración» hacia los dos mandatarios. De hecho, ambos asistieron a la investidura simbólica del guayaquileño por el rito indígena que tuvo lugar el domingo en la población de Zumbahua, a dos horas de Quito.

Correa incluso ofreció la capital ecuatoriana como sede de la secretaría permanente de esa nueva nación de las «repúblicas hermanas» latinoamericanas a la que aspira. Incluso fue más allá: «Nuestro pueblo es bolivariano y alfarista [en referencia a Eloy Alfaro, líder de la revolución liberal en Ecuador]. Y que a nadie le quede la menor duda», añadió instantes después de firmar el decreto que le otorgaba los poderes como nuevo presidente de la nación.

Sin corbata

La toma de posesión comenzó a las 15.30 horas, cuando el ya presidente llegó al reinaugurado Congreso, que fue cerrado durante más de dos años para remodelarlo. Lo hizo sin corbata y ataviado con una camisa blanca de inspiración indígena, con detalles de la bandera tricolor ecuatoriana.

Allí esperaban 13 jefes de Estado (nueve de ellos latinoamericanos) y un total de 101 delegaciones de todo el mundo. Entre ellos, destacó la presencia confirmada a última hora de Alvaro Uribe, presidente de Colombia, país que mantiene un conflicto diplomático con Ecuador por las fumigaciones antidroga de la frontera.

También dio de qué hablar la asistencia del presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, así como el de la República Arabe Saharahui Democrática, Mohamed Abdelaziz. La única mandataria mujer fue la chilena Michelle Bachelet, que se sentó en el Congreso al lado de su homólogo brasileño, Lula da Silva.

España estuvo representada por el Príncipe de Asturias, al que Correa mostró su «más profundo agradecimiento», extensible al Gobierno y al pueblo españoles, por su «increíble solidaridad» con las dos últimas víctimas de ETA, los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. En su discurso, Correa expresó que lo que ha hecho España por sus compatriotas es «más de lo que debieron hacer cuando la irracionalidad de los criminales de ETA terminó con la vida de dos ecuatorianos».

El presidente también quiso referirse a la inmigración, ya que casi tres millones de coterráneos trabajan en el extranjero. De ellos, 500.000 lo hacen en España. La intención del nuevo presidente es dar representación legislativa a los «hermanos emigrantes», a quienes calificó como «la quinta región del país». Para ello, quiere que haya tres delegados en la Asamblea Constituyente que quiere instaurar en Ecuador.

Para formarla, ayer firmó un decreto por medio del cual someterá a consulta popular el próximo 18 de marzo la creación de esta Asamblea, que pretende reformar la Constitución, disolver el Congreso y llevar a cabo una «reforma profunda» de las instituciones públicas. «Es la única forma de acabar con el bloqueo político y social en el que nos encontramos sumergidos por culpa de la partidocracia y la ineptitud de los gobiernos», afirmó rotundo, instantes después de que su antecesor, Alfredo Palacio, le impusiera la banda presidencial. Debía haberlo hecho el nuevo presidente del Congreso, Jorge Cevallos, pero el partido de éste (PRIAN, al que pertenece Alvaro Noboa, derrotado por Correa en las elecciones) no lo reconoce como presidente, por lo que fue Palacio quien le dio el testigo.

En materia económica, Correa incidió en la revisión de la deuda externa, que en Ecuador supera los 7.700 millones de euros, para vencer «la cultura del endeudamiento» y acabar con la pobreza, que afecta al 60% de la población.

También abogó por un tribunal internacional «imparcial» que controle la deuda. A su vez, apostó por establecer un Banco del Sur, al margen de los actuales bancos centrales.

Y como ejemplo de austeridad, una de las primeras decisiones del presidente al llegar al cargo fue la de reducir, vía decreto, su sueldo de jefe de Estado a la mitad, hasta los 4.000 dólares. Asimismo, ningún funcionario público podrá cobrar más de 3.500 dólares.