La alusión del conseller Joan Saura, en labores ayer de portavoz del Gobierno catalán, al número de altos cargos de CiU desató la sed de venganza de los nacionalistas. Se pusieron a echar cuentas, para empezar, con uno de sus sacos de boxeo preferido, el «conseller de la Vicepresidència» -así lo llaman- Josep Lluís Carod-Rovira. Y encontraron que el líder de Esquerra Republicana emplea, en sus áreas de competencia -Asuntos Religiosos, Relaciones Exteriores, Deportes y Política Lingüística, principalmente-, a 24 cargos directivos, cuando al último Govern de CiU le bastaban 12, la mitad, para hacer el mismo trabajo.
La federación anunció además, por boca de su portavoz parlamentario, Felip Puig, que seguirá hurgando en otros departamentos de la Generalitat para citar «con nombres y apellidos» casos de altos cargos que, atendiendo al nuevo listón puesto ayer por el Ejecutivo de José Montilla, «están incrementando desaforadamente los contratos en empresas públicas». Según los nacionalistas, que prometieron nuevos capítulos en los próximos días, esta actitud serviría para no incumplir la norma y a la vez «utilizar» a la Administración para emplear a quienes necesiten PSC, ERC e ICV.
Según explicó el portavoz parlamentario de CiU, el Departamento que dirige Carod-Rovira da trabajo a cinco «secretarios generales o asimilados» por tres del último Govern de Jordi Pujol para las mismas funciones, y a 18 «directores generales o asimilados» en vez de los nueve que bastaban a los nacionalistas cuando controlaban la Generalitat.
De hecho, Puig denunció ayer que desde su creación a finales de 2003 el tripartito «ha incrementado en un total de 5.500 el número de trabajadores públicos con contratación indefinida, entre funcionarios y personal fijo». El portavoz de CiU precisó que excluye de ese cálculo a los «empleados necesarios», los dedicados a tareas de «educación, como los profesores, sanidad o seguridad», y emplazó al Govern a explicar «cuáles son las funciones del resto».
El diputado convergente insistió en que en «los próximos días» se conocerán datos que demuestran que, también en áreas con competencias distintas a las que detenta el vicepresidente Carod-Rovira, «el tripartito dos provoca una inflación de altos cargos que, en ocasiones, alcanza el 100%».
Puig atribuyó ese aumento de directivos en los departamentos dominados por ERC a dos propósitos, a cuál más perverso: o bien los republicanos pretenden «extender sus redes clientelares» en los entresijos de la Generalitat, o buscan «financiación, se supone que legal», una clara referencia al escándalo que se destapó en la pasada legislatura cuando se conoció que Esquerra exigía un peaje a todos sus cargos de confianza en la Administración.
El otro gran grupo de la oposición catalana, el Partido Popular, también hizo reproches al acuerdo de ayer del Govern de limitar a 218 el número de altos cargos. «Todos aceptamos que la Generalitat tiene un defecto en el exceso de funcionarios. Se copiaron fórmulas de otros siglos y no las nuevas», dijo el portavoz del PP, Francesc Vendrell, en alusión a las instituciones de la Transición. El diputado popular puntualizó que «el debate es si tenemos o no una administración para el siglo XXI», y abogó por «aparcar el debate de las cifras».
Los grupos que apoyan al Gobierno de José Montilla, PSC, ERC e ICV, pasaron de puntillas por la cuestión, si bien todos destacaron la «transparencia» con la que se van a producir a partir de ahora, se supone, las contrataciones de este tipo de empleados públicos.Con ese argumento contestó el diputado socialista David Pérez a Puig, a quien aseguró que, a diferencia de lo que ocurría con los ejecutivos de CiU, «ahora se sabrá quiénes son, qué hacen y cuánto cobran» los altos cargos.
Pérez, además, alegó que en los últimos años «ha habido un aumento muy importante» de Mossos d'Esquadra, médicos y profesores, y reprochó a la federación nacionalista que «lo quiera desacreditar».
