Ahora, el Govern ha decidido poner un límite a su número de cargos de confianza y se le ha ocurrido que lo mejor era situar el listón «por debajo de CiU» para evitar las críticas con las que les habrían obsequiado los nacionalistas en el caso de haber superado su récord de asesores externos o eventuales.

Con estos parámetros, el Consell Executiu acordó ayer limitar a 218 su número de asesores con la idea de no superar los 227 que en alguna ocasión llegó a tener el Gobierno de Jordi Pujol, según explicó, tras la reunión de los consellers, el responsable de Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura.

Según el acuerdo tomado ayer, los departamentos de Presidència y Viceprèsicencia que dirigen José Montilla y Josep Lluís Carod-Rovira, respectivamente, podrán tener hasta 75 asesores de estas características entre los dos.

Las conselleries de Interior, Relacions Institucionals i Participació, Governació i Administracions Públiques (que gestiona Joan Puigcercós) y Economia i Finances (que dirige Antoni Castells) podrán contratar asesores de confianza sin sobrepasar el número de 43 entre los tres departamentos. Además, cada una de las conselleries restantes podrá fichar como máximo a diez cargos de confianza.

Saura explicó que, de momento, el número de asesores contratado por la Generalitat asciende a 159, lo que le sitúa también por debajo del anterior Govern de Pasqual Maragall, que alcanzó la cifra de 190 colaboradores y que no tenía límite a la hora de hacer fichajes de este tipo.

El conseller de Interior añadió que los distintos miembros del Govern se han comprometido «a intentar no cubrir todas las plazas» en aras de la racionalización y control del gasto público. Además, el Ejecutivo hará públicos los nombres, las funciones y los sueldos de cada uno de estos cargos eventuales.

Precisamente, fue la falta de esta información lo que en su día motivo las críticas de PSC, Esquerra e Iniciativa sobre la contratación de cargos de confianza por parte de CiU. El Gobierno de Jordi Pujol se negaba a dar datos sobre el número de eventuales, sus salarios y sus cometidos. En el año 2001, el diputado de ERC Joan Ridao presentó un informe en el que se desvelaban estos datos tan bien guardados.

Por aquel entonces, el Ejecutivo de CiU contaba con 202 asesores, la mayoría de ellos vinculados al partido. La Administración de Pujol destinaba 1.580 millones de pesetas a pagar los salarios de estos colaboradores que, en algunos casos, superaban al del propio presidente de la Generalitat. La presencia de personajes como la cantante Núria Feliu o el escritor Baltasar Porcel en esta nómina de colaboradores levantó una gran polémica en su momento.

El Consell Executiu aprobó también ayer el proyecto de Ley del Memorial Democrático que pretende lograr «la plena rehabilitación moral y social de todas las personas represaliadas durante el franquismo para que los supervivientes, familiares, amistades y generaciones futuras se reconozcan justamente resarcidas».El conseller Saura, que es quien ha promovido esta iniciativa, aseguró ayer que el Govern «no tiene intención de reescribir la Historia de nadie» a través de la creación de este nuevo organismo.El Memorial Democrático comportará la creación de una entidad pública que se encargará de «recuperar, conmemorar y fomentar la memoria democrática». En concreto, esta institución indagará en «el conocimiento de la II República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de la represión de la dictadura, del exilio y de la deportación, de los valores y de las acciones del antifranquismo y, por tanto, de las tradiciones de la cultura democrática, con la finalidad prioritaria de estimular la comprensión del tiempo presente».