Ambos sindicatos fundamentan el recurso en la vulneración que este Real Decreto hace del principio de igualdad de trato, ya que establece para este colectivo una regulación laboral diferente de la normativa común que recoge el Estatuto de los Trabajadores, informa Europa Press.

CCOO asegura que esta norma «va en contra de la posición manifestada por el propio Gobierno en relación a la directiva europea de tiempo de trabajo», al no considerar como parte de la jornada laboral el tiempo de espera que emplean los abogados en las dependencias administrativas o en sus desplazamientos.

En sus alegaciones, el sindicato liderado por José María Fidalgo, argumenta que el Real Decreto establece reglas distintas de las generales para negociar los convenios colectivos, que limitan la autonomía de los abogados y de sus representantes.

A juicio de estas organizaciones sindicales, la norma impugnada genera «inseguridad jurídica en las relaciones laborales de estos trabajadores» al contener conceptos jurídicos «tan imprecisos» que causarán «gran conflictividad» a la hora de ser aplicados e interpretados por los tribunales.

Comisiones Obreras denunció en un comunicado esta situación, que refleja «el poder e influencia de los grandes despachos de abogados, que buscan y obtienen del poder político condiciones de contratación distintas que el resto de los empresarios, en perjuicio de los abogados que trabajan para ellos».