El ejemplo de una asociación francesa llamada Los hijos de don Quijote ha sido importante. El día de Navidad, un grupo de amigos se instaló en París en tiendas de campaña para mostrar su solidaridad con las cerca de 100.000 personas que no tienen un domicilio fijo.

Su ejemplo corrió como la pólvora por varias ciudades y, el pasado día 3, el primer ministro galo, Dominique de Villepin, anunció que su Gobierno va a presentar en el Parlamento un proyecto de ley en el que se prevé que cualquier ciudadano podrá reclamar ante los tribunales su derecho a disfrutar de una vivienda digna.

En España también se celebran de vez en cuando manifestaciones para reclamar una vivienda digna, sobre todo por parte de jóvenes que no pueden pagar los elevados precios de la compra o el alquiler.

Esas reivindicaciones son apoyadas por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV). En su propuesta, piden al Gobierno que «ponga en marcha la maquinaria necesaria» para que la posibilidad de contar con una vivienda deje de ser un «horizonte» contemplado en la Carta Magna y pase a ser «un derecho efectivo», según Llamazares.

En su propuesta, IU-ICV explica que el Gobierno debe intervenir para resolver la situación que se ha creado por «la escalada desorbitada de los precios de la vivienda, la especulación urbanística y la proliferación de viviendas vacías».

Se calcula que en España viven más de ocho millones de personas por debajo del umbral del 50% de la renta media disponible neta -en unos 2.200.000 hogares-, a las que hay que añadir las llamadas «sin techo». «Todo ello exige la necesidad de contemplar el derecho a una vivienda digna», según IU-ICV.

Además de ser un derecho reconocido en la Constitución, el grupo parlamentario que preside Llamazares recuerda en su propuesta que algunos estatutos de autonomía, como los de Cataluña y Andalucía, contemplan el derecho a una vivienda digna y a que la ciudadanía pueda reclamarla a la Administración y a la Justicia.

En su propuesta, IU-ICV pide que el Congreso inste al Gobierno a presentar, antes del final de 2007, «un proyecto de ley que reconozca y desarrolle el derecho subjetivo y universal a una vivienda digna».

Al mismo tiempo, el Gobierno deberá presentar un calendario para aplicar esa ley en el que se considere prioritario conceder ese derecho a las personas sin techo.

Se pretende, según Llamazares, que el Ejecutivo actúe de manera similar a como lo ha hecho con la Ley de Dependencia, que reconoce el derecho de cualquier persona a recibir la atención que necesite de otra para desarrollar su vida diaria.

El Instituto de Práctica Empresarial dio ayer a conocer un informe elaborado a partir de una encuesta a promotores, constructores y agentes inmobiliarios sobre el coste de los pisos. Sus resultados son halagüeños. El precio medio de la vivienda crecerá un 7,33% en 2007, tendiendo a estabilizarse con la subida de la inflación.

El incremento del coste del suelo (un 8,55%) es la causa principal de ese crecimiento, ya que la cifra supondrá aproximadamente dos tercios del precio final de los inmuebles. En menor medida influirá la subida de los costes de construcción, que crecerán un 7,24%.